El Parlamento de Sri Lanka aprobó este viernes una enmienda constitucional para limitar las prerrogativas presidenciales y otorgar más control al poder legislativo, mientras el país trata de encontrar una salida a la peor crisis económica desde su independencia.
La reforma es una promesa del actual presidente, Ranil Wickremesinghe, y fue aprobada por 174 votos a favor y uno en contra.
Se trata de una enmienda que revoca en buena parte los cambios impulsados por el expresidente Gotabaya Rajapaksa durante su mandato, que otorgaron grandes poderes al jefe de Estado, antes de que se viera obligado a dimitir y huir del país el pasado julio.
En concreto, la nueva reforma vuelve a someter al control parlamentario tanto al presidente como a su Gabinete de ministros, y reintroduce comisiones independientes relacionadas con delitos de corrupción que habían sido desbandadas por Rajapaksa.
“Creo que se trata de un paso intermedio en lo que debe ser un cambio completo de nuestra fracasada Constitución, que hasta ahora ha sido objeto de 21 enmiendas en un periodo de 40 años”, dijo a Efe el analista político Aruna Kulatunga.
La Constitución esrilanquesa, sentenció Kulatunga, se ha convertido en un “batiburrillo” de frases inconexas que confunden incluso al Tribunal Supremo.
La nación isleña atraviesa la peor crisis económica desde su independencia del imperio británico en 1948, lo que degeneró en protestas masivas por toda la isla que llevaron a la renuncia en mayo del entonces primer ministro, Mahinda Rajapaksa, y de su hermano y ex presidente, Gotabaya Rajapaksa, en julio.
Los manifestantes, que durante meses permanecieron acampados en pleno corazón administrativo de la capital y llegaron a irrumpir en las residencias oficiales de ambos líderes, culpando a Rajapaksa de una serie de medidas desastrosas para la economía esrilanquesa, como la reducción de impuestos o la prohibición de los fertilizantes químicos.
La crisis económica provocó una escasez de combustible y productos de primera necesidad, mientras que la falta de divisas llevó al Gobierno a suspender en abril el pago de su deuda externa y a negociar con el FMI un rescate que todavía no se ha producido.
EFE
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