El 2022, a punto de concluir, no fue bueno en términos de materia electoral, pues los partidos políticos y legisladores incumplieron la promesa de reformar la Ley de Partidos y Régimen Electoral, desde inicio de la legislatura, el pasado 16 de agosto.
Esto significa, que RD arrancará el 2023, un año preelectoral, sin corregir las fallas que arrastra desde 2018 y 2019 en estas leyes y que fueron evidenciadas en las elecciones del 2020.
Esto implica que las posibilidades de que estas fallas se prorroguen para el escenario de la contienda del 2024.
En el mes de abril, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) depositó en ambas cámaras legislativas los proyectos de modificación de las leyes 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, y la 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el Congreso Nacional.
De boca, cosechó el respaldo de las diferentes bancadas representadas en el Senado y la Cámara de Diputados, pero sin pasar de las palabras a los hechos.
Más aún, en el inicio de la presente legislatura, el pasado 16 de agosto, los discursos de toma de posesión de Eduardo Estrella, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, Cámara de Diputados, fue de qué asumían el compromiso de adecuar estas iniciativas.
A estos anuncios continuaron los voceros de las bancadas, senadores y diputados, de diferentes organizaciones representadas en el Congreso Nacional a favor de aprobar las modificaciones a la Ley 33-18) y la Ley 15-19).
De hecho, la legislatura con concluye el 12 de enero del 2023 y hasta el día seis, el país está en despedida delas fiestas navideñas, y por supuesto, los legisladores andan muy ocupados repartiendo juguetes por el Día de los Santos Reyes.
CAMPAÑA ADELANTADA. Ya el país probó una cucharada de la campaña electoral adelantada, en diferentes momentos de este 2022.
El 16 de octubres, el opositor Partido de la Liberación Dominicana hizo unas primarias disfrazadas, denominada “consulta popular”, en la que escogió a Abel Martínez como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. Abel compitió en una consulta nacional con otros cuatro compañeros del PLD.
Una semana después, el oficialista PRM respondió con un masivo acto de promoción de una eventual reelección del presidente Luis Abinader para las elecciones del 2024.
El evento fue promovido por el movimiento político “Más Cambio”, pero contó con la presencia de figuras del liderazgo nacional, como la secretaria general y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.
La actividad se realizó en el Gran Arena del Cibao, ubicado en Santiago, ciudad de donde es alcalde y el electo candidato presidencial del PLD, Abel Martínez.
La Fuerza del Pueblo desarrolla una agresiva campaña de captación de militantes, pueblo por pueblo, incluso, cuenta hasta con publicidad exterior, motivando la afiliación a la organización, con gigantescas vallas que incluyen la imagen de su líder y seguro candidato presidencial, Leonel Fernández.
REGULAR CAMPAÑA A DESTIEMPO. Las actividades políticas fuera de los plazos, adelantó la campaña electoral, lo que motivó a que el pasado tres de noviembre, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y las diversas organizaciones partidarias se abocaron a la firma del acuerdo-compromiso con el cual se busca frenar la campaña política a destiempo, el cual fue propuesto por el órgano comicial.
Tanto el PLD, PRD, FP y PRSC, en sentido general, favorecieron ese acuerdo con el cual se estaría garantizando que se respeten las leyes electorales y las resoluciones que han sido emitidas por la JCE en lo referente al proselitismo político antes de tiempo.
En ese sentido, el único partido que realizó sugerencias para que se modifique el acuerdo fue el Revolucionario Moderno (PRM).
Este solicitó al pleno que tome en consideración que se haga una pequeña corrección con la cual se le permitiría al partido organizar sus actividades a lo interno sin quebrantar las normas electorales.
Desde ese momento se produjo un cese de las actividades políticas, que no está claro si continuará en el 2023, cuando comienza la competencia por miles de candidaturas a regidores, vocales, directores distritales, alcaldes, diputados y senadores.
DEBILIDAD POLÍTICA-ELECTORAL. La falta de reglamentos impide a la JCE aplicar las sanciones establecidas por violaciones a la Ley de Partidos (33-18) y Régimen Electoral (15-19), que en la práctica no son más que enunciados o simples pedazos de papeles.
El pasado 15 de agosto se cumplieron cuatro años de aprobación de la Ley Partidos Políticos y han pasado ya tres años y medio de la entrada en vigencia de la Ley de Régimen Electoral, y aun no se cuenta con los reglamentos de aplicaciones.
Los artículos 87 de La Ley de Partidos y el 280 del Régimen Electoral establecen claramente las sanciones para los que incurren en las violaciones de campañas electorales anticipadas, pero de nada sirven por falta el reglamento para proceder en consecuencia.
La Ley es clara en cuanto a lo que hay que hacer y las penas que conllevan, pero las autoridades están maniatadas por no saber cómo hacerlas efectivas.
En tal sentido, el Artículo 280 del Régimen Electoral establece sanciones de uno a 200 salarios mínimos a “Los partidos y agrupaciones políticas que en violación a esta ley, desarrollaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta”.
También la Ley de Partidos (33-18), en su artículo 78 indica: “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.
REGLAMENTOS NECESARIOS. Román Jáquez, presidente de la JCE, está consciente de que no puede hacer mucho ante los violadores de las leyes, por la falta de los reglamentos para castigar.
“Una vez tengamos el reglamento aprobado que establecerá el procedimiento administrativo sancionador y el debido proceso, la JCE estará en condiciones constitucionales de poder aceptar cualquier tipo de denuncia, o de oficio y tomar acciones en ese sentido”, opinó Jáquez.
En el contexto actual, estima que “de nada sirve para el sistema que la JCE imponga cualquier tipo de sanción administrativa si no existe el procedimiento (la decisión puede ser anulada en el TSA o el TSE por violación al debido proceso, por carencia de un procedimiento administrativo sancionador, lo cual sí deslegitimaría la facultad resolutoria, reglamentaria y sancionadora de la JCE para subsanar la falencia de la ley”.
MÁS PRESUPUESTO JCE. El presidente de la JCE se quejó por la asignación presupuestaria que el Poder Ejecutivo hizo a esa entidad para el 2023, dentro del Presupuesto Nacional, por considerarlo insuficiente para cubrir todos los gastos de las primarias y los equipos que se deben comprar para las elecciones del 2024.
En la propuesta de presupuesto para el 2023 se consignó un aumento en la partida para la JCE de dos mil 500 millones de pesos y solo para organizar primar de los partidos, la JCE contempla dos mil 50 millones de pesaos.
Jáquez dijo que además hay que adquirir equipos para las elecciones del 2024, con los fondos consignados en 2023.
El presupuesto de la JCE para el 2022 es de cinco mil 511 millones de pesos, y el plasmado por el Ejecutivo en la propuesta que llevó ante los legisladores para el 2023 es de 8,011 millones de pesos.
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