La Cámara de Diputados se apresta este jueves a aprobar, con la promesa de realizar modificaciones, la Ley de Régimen Electoral, que fue refrendada en el Senado a finales del año pasado, la cual ha centrado el debate en el seno de ese poder del Estado que hoy llega a su último día de legislatura ordinaria.
En caso de los diputados aprobar la iniciativa, introduciendo cambios, entonces volverá nueva vez al Senado, que deberá conocer de las modificaciones y si las refrenda, entonces se convertiría en ley.
Esto significa que la reforma al Régimen Electoral no será posible en la presente legislatura, que concluye hoy, a menos que el Poder Ejecutivo convoque a una prórroga.
La legislatura, que vence este jueves, podría ser extendida por el presidente de la República, Luis Abinader, si los diputados no llegan a un consenso para la aprobación de la referida ley que regulará el marco electoral del país.
De lo contrario, el proyecto perimiría y deberá ser reintroducido en la Primera Legislatura Ordinaria del 2023 que iniciará el próximo 27 de febrero.
Otros proyectos que evidentemente perimirían en esta legislatura y que resultan de suma importancia para la sociedad son el Código Penal, que otra vez será dejado sobre la mesa para seguir dando tumbos en el Congreso Nacional, y la modificación a la Ley de Partidos Políticos.
Sobre la reforma electoral, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, mostró desacuerdos con el proyecto aprobado, principalmente en el tope del financiamiento de la campaña electoral.
Si esta importante pieza se aprueba mañana en la Cámara de Diputados con modificaciones, la misma deberá regresar al Senado de la República.
El proyecto tiene por objetivo modificar la regulación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral respecto al ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegido; así como el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales.
Con la misma, se modifica el funcionamiento y las competencias de la JCE como máximo ente responsable de la organización de los comicios, regido por los principios de legalidad, transparencia, libertad y equidad establecidos en la Constitución y las leyes.
El proyecto aprobado por el Senado establece la creación de una Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales; así como la delimitación clara y precisa de las competencias de la JCE y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Esta modificación también establece sanciones con penas de tres a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 salarios mínimos a los que, utilizando cualquier mecanismo, impidan la celebración de las elecciones en las fechas previstas por la Constitución, o que ejecuten acciones tendentes a dicho propósito. Algo que no ocurrió con las suspendidas elecciones municipales de febrero del 2020.
La legislación indica que serán castigados con la pena de uno a tres años de reclusión, los que votaren sin tener derecho para hacerlo; los que votaren más de una vez en una misma elección; los que a sabiendas depositaren dos o más boletas; los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo; y los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.
Recibirán la misma pena los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.
