Santo Domingo.- En el décimo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 41-08, de Función Pública, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes sobre la propuesta de modificación dicha Ley enviada por el ejecutivo al Congreso, porque atenta la transparencia en la función pública.
El partido recordó que el 16 de enero el 2008 entró en vigencia la Ley 41-08, pieza legislativa producto de un gran consenso entre los actores sociales y políticos del país; y que en sus disposiciones marcó un hito, sentando las bases para un salto cualitativo en la función pública dominicana.
“Estas medidas, junto a la categoría constitucional dada a la profesionalización del empleo público, y el arduo trabajo realizado durante los gobiernos del PLD hasta el 2020, produjeron los más grandes avances evidenciados en la función pública dominicana, hacia su consolidación e institucionalización; siendo reconocido por organismos internacionales especialistas en la materia”, indicó Celenia Vidal titular de la Secretaría Administración Pública del PLD.
A su vez, se denunció que el Gobierno sometió al Congreso Nacional una propuesta de Ley que definitivamente no recoge el espíritu de lo acordado en la Mesa del Diálogo del Consejo Económico y Social en donde el PLD dejó constancia expresa de DISENSO en cuanto al contenido de varios artículos propuestos.
“Especial atención requiere, la intención de convertir en Cargos de Confianza, posiciones clave para la transparencia y el sistema de compras, a saber: “directores o encargados administrativos y financieros, directores o encargados jurídicos, directores o encargados de recursos humanos, directores o encargados de tecnologías de la información, directores o encargados de comunicación y directores o encargado de relaciones internacionales”, detalla.
Estos cargos tienen bajo su responsabilidad labores con un alto nivel de complejidad, conocimientos especializados cuya formación conlleva años y ameritan de una gran responsabilidad e integridad de la persona a cargo; apunta, para agregar: “Si de alguien deben ser estos cargos de confianza, es de la sociedad más que de los titulares, pues esas instituciones no son propiedad del funcionario que ejerce un cargo de libre nombramiento y remoción, su ejercicio es transitorio, y por lo tanto una medida de este tipo abriría una brecha ante cada cambio de autoridad.
Celenia Vidal explicó que en el aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 41-08, se ha hecho la reflexión de lugar para que no pasen desapercibidos por los legisladores y la sociedad estas supuestas modificaciones por el impacto negativo que tendrían para la institucionalidad y transparencia de nuestra administración.
