La sed de buscar cientos de millones de pesos para financiar la campaña interna de Gonzalo Castillo, en el 2019, y la presidencial en las elecciones del 2020, motivó a los entonces funcionarios del Gobierno de Danilo Medina a proceder a ejecutar la maniobra fraudulenta de expropiaciones de terrenos, incluida áreas protegidas, por la astronómica suma que supera los 31 mil 147 millones de pesos (RD$31,147,053,422.15)
Los expedientes de expropiaciones de terrenos procedían de las instituciones: Bienes Nacionales, Consejo Estatal de la Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, donde se alteró el procedimiento de deuda pública para obtener fondos del Estado a través del Ministerio de Hacienda.
“A pesar de la exorbitante suma de dinero que el ingeniero Bolívar Ventura le entregó a la estructura criminal, persistía la necesidad de obtener más dinero para la campaña política interna del PLD y las elecciones generales del 2020, y beneficiar al investigado Gonzalo Castillo Terrero, es por esta razón que Mimilo Jiménez, ante un señalamiento que le hace Donald Guerrero, sobre una operación que había realizado y que está bajo investigación, le señala a Fernando Crisóstomo que tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir los fondos públicos para destinarlo al financiamiento político y a la vez, lucrarse indebidamente a título personal, así como lucrar a los demás integrantes de este concierto criminal, en perjuicio del patrimonio público.”
Los terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional, especialmente en Higüey, dentro del ámbito comprendido del área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo Este, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón; Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del Ministro de Hacienda, para ese entonces, el investigado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos; como parte de esas maniobras se proyectaron pagos bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada RD$ 31,147,053,422.15, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos identificados que lograron sustraer aproximadamente RD$ 12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa”, indica el Ministerio Público.
Las autoridades señalan que otra característica de las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado, son los múltiples contratos de cesiones de crédito por más de diez mil quinientos millones de pesos (RD$10,500,000.00), facilitados a personas de entera confianza de la estructura, pero que no hay forma de justificar en qué se fundamentan las cesiones de créditos, ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos.
Indica que en ocasiones, las empresas utilizadas eran sociedades comerciales de carpeta, que fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser “vehículos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio público”.
Las autoridades señalan que gracias a medidas cautelares trabadas de forma oportuna por el Ministerio Público a través de orden judicial de oposición de pagos, libramientos, transferencias de bienes inmuebles, se pudo evitar la distracción aproximada de trece mil 431 millones de pesos (RD$13,431,238,340.46), de los fondos públicos que quedaron pendientes de pagos, equivalente al 20% de las sumas que fueron distraídas y otros procesos de pagos que están bajo investigación.
Estas medidas cautelares fueron autorizadas por la coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante las órdenes judiciales de oposición a Transferencia de Bienes Inmuebles y oposición a Pago Núm. 0003-SEPTIEMBRE-2022, de fecha 23 de septiembre del año 2022; Autorización Oposición de Pago y Libramientos, OPOS-001-JULIO-2022 de fecha 20 de julio del año 2022, orden judicial de Autorización de Información Financiera y Tributaria Núm. 0010-DICIEMBRE-2021, de fecha 29 de diciembre del año 2022.
A continuación, se detallan veinticinco casos en los cuales se especifica las parcelas identificadas y los montos afectados:
