La gran mayoría de los lectores de N Digital, consideraron que el director de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, no debería ser suspendido de sus funciones por su supuesta vinculación en la Operación Calamar.
A través de una encuesta en el referido medio, solo un 18% de los usuarios sí están de acuerdo con la suspensión.
Estas declaraciones surgen en el marco, de que Torres figura en el expediente acusatorio orquestado por el Ministerio Público (MP) del entramado de corrupción, como beneficiario de expropiación de terreno y millones de pesos.
El funcionario que aspira a alcalde por el PRM figura como propietario de una porción de terreno en la Parcela 613, del Distrito Catastral núm. 32, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.
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La porción de terreno está amparada en el Certificado de Título número 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 m2, expropiada mediante el decreto número 1159, de fecha 19 de septiembre del año 1955.
Mientras que en los fondos públicos liberado del número 52-01 que fueron distribuidos, Torres fue beneficiado con RD$32,065,992 millones.
Sobre la operación calamar
El expediente acusatorio del Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
