La Justicia chilena condenó este jueves a tres agentes del cuerpo policial de Carabineros por golpear y fracturar el brazo a un ciudadano haitiano durante un control en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana
Un fallo que se produce en medio de la discusión política en torno a la aprobación de la controvertida «ley Naím-Retamal», impulsada por la oposición, que el lunes fue respaldada por le Congreso con el rechazo de algunos partidos de la coalición de Gobierno y que da mayor poder y libertad de acción a esta polémica Policía militarizada.
En la justificación del fallo, adoptado de forma unánime, el Segundo Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago argumenta que más allá de toda duda razonable, en abril de 2016 la víctima -un hombre de nacionalidad haitiana- fue sometida a un control de identidad por parte de tres agentes policiales vestidos de civil
Y que estos policías, identificados como Moisés Vergara González, Héctor Ramón Lara Estrella y Jaime Nicolás Lagos Lagos, procedieron a golpearlo con un objeto contundente ocasionándole una fractura de húmero en su brazo izquierdo de carácter grave.
El tribunal acreditó, además, que los efectivos de Carabineros exigieron la víctima no denunciar que había sido golpeado por ellos durante la constatación de las lesiones en el Servicio de Atención Primario de Urgencia (SAPU) de la comuna de Huechuraba.
Vergara, Lara y Lagos fueron condenados a tres años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada durante el mismo periodo, en calidad de autores del delito de «apremios ilegítimos» con resultado de lesiones graves.
La resolución judicial se da en medio de un intenso debate político tanto en el Congreso como en la opinión pública respecto al avance de los delitos violentos en el país y las atribuciones de las policías para combatirlos.
DEBATE SOBRE LA LEGÍTIMA DEFENSA
Durante la tarde del miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por amplia mayoría la «Ley Naín-Retamal», proyecto que tuvo su origen en la muerte de dos agentes policiales y que aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios de Carabineros y otorga a los agentes de la institución mayores atribuciones y poder para el uso de su arma de servicio. La iniciativa será discutida y votada en el Senado la próxima semana.
El punto más polémico es la llamada «legítima defensa privilegiada», un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y «que presume» que los agentes podrán hacer uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales, eximiéndoles de responsabilidad penal.
Esta fuerza, salpicada por uno de los mayores escándalos de corrupción del país, ha sido acusada en varias ocasiones por organismos internacionales de violar los derechos humanos, en especial durante la represión del las protestas de 2019, conocidas como «estallido social». en las que murieron una treintena de personas y cientos más resultaron heridas.
La sensación creciente de inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión, pero los datos reales muestran que los delitos apenas han crecido en los últimos años, aunque han aparecido nuevas tipologías más violentas.
EFE
