Los recientes revelaciones hechas por el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, que motivan el pedido de destitución por parte de legisladores y organizaciones de la sociedad civil, rememora la espiral de escándalos que tradicionalmente afectó el desempeño de pasadas administraciones, que conllevaron a juicio político y hasta allanamiento por parte del Ministerio Público.
Da la sensación de recurrentemente tiene que producirse algún tipo de escándalo en el organismo auditor de las cuentas públicas, lo que lleva a algunos sectores, como al diputado Amado Díaz, PRM-Santo Domingo, a platear si es que será necesario hasta cambiarle el nombre de Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Los actuales miembros del pleno de la entidad, quienes tienen dos años en el puesto, han pasado por diversas situaciones, entre ellas: pedidos sobre accionar de gastos, cuestionamientos sobre el comportamiento interno de los miembros y denuncias de acoso laboral, este último caso, contra el presidente Janel Andrés Ramírez.
Las declaraciones Ramírez Sánchez de que la entidad no audita ni siquiera el 2% ciento de lo planeado anualmente y que de “haberse dado cuenta no se mete en eso”, además de que se encuentra en un callejón sin salida porque los miembros del pleno le obligan a firmar cosas que no están bien, han provocado todo tipo de reacciones de personalidades del ámbito político, incluso de diversos legisladores quienes han pedido su destitución.
Hasta el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que la situación en la Cámara de Cuentas es un tema preocupante de un poder independiente.
OPERACIÓN CARACOL. Otra gestión que también ha sido salpicada por controversias fue la encabezada por Hugo Álvarez Pérez, cuando la Cámara de Cuentas fue allanada por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción bajo la denominada Operación Caracol.
El 22 de febrero del 2021 la Cámara de Cuentas fue allanada por más de 11 horas dentro de la denominada Operación Caracol, donde participaron más de 23 fiscales del Ministerio Público y 150 policías.
Las indagatorias contra el órgano fiscalizador apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos, de acuerdo con el Ministerio Público.
En mayo de ese mismo año, la procuradora general de la República, Miriam Germán, dijo que Hugo Álvarez Pérez “mintió” mucho al personal del Ministerio Público que investiga a esa entidad, al entregar auditorías de instituciones y obras de infraestructura incompletas.
Germán se refirió de manera específica a una auditoría solicitada a la construcción de la cárcel Las Parras, bajo la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, la cual Álvarez Pérez, según detalló entregó tarde e incompleta al personal de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (Pepca).
En abril del 2021, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, salió del cargo en medio de cuestionamientos e investigaciones.
El presidente Luis Abinader llegó a afirmar que el entonces pleno de la Cámara de Cuentas, bajo la responsabilidad de Álvarez Pérez respondía a intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), razón por la que ordenó la elaboración de auditorías en todas las entidades del Estado.
ANTECEDENTE. JUICIO POLÍTICO. En julio del 2008, Andrés Terrero, entonces presidente de la CCRD, se defendió por más de cinco horas durante un juicio político celebrado en el Senado de la República, luego que fuera acusado de la comisión de varias irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Terrero terminó renunciado al cargo una semana después de su interrogatorio y la situación llevó a la renuncia de otros miembros del pleno.
En septiembre del pasado año, Terrero fue crítico al decir que los conflictos que por décadas han afectado la Cámara de Cuentas continuarían produciéndose hasta tanto se mantenga el actual sistema de organismo colegiado y la única salida a la problemática es convirtiendo la entidad en Auditoría General de la Nación, regida por un auditor general y un suplente.
