Irán ejecutó el viernes a 3 hombres acusados de violencia letal durante las protestas antigubernamentales del año pasado, a pesar de las objeciones de los grupos de derechos humanos.
Mizan, la web del poder judicial iraní, reportó las ejecuciones de Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi pero no indicó cuándo se llevaron a cabo.
Según las autoridades, mataron a un agente de policía y a dos miembros del grupo paramilitar Basij en Isfahan en noviembre, durante las movilizaciones que sacudieron todo el país.
Los grupos en defensa de los derechos humanos denunciaron que fueron sometidos a torturas, obligados a confesar en televisión y privados de garantías procesales.
Las protestas estallaron en septiembre tras la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral tras una supuesta violación del estricto código islámico de vestimenta. Las movilizaciones pronto se convirtieron en llamados a derrocar a la teocracia que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979.
Las manifestaciones han remitido en gran medida en los últimos meses, aunque sigue habiendo actos esporádicos de desafío como la negativa de algunas mujeres a utilizar el velo islámico obligatorio.
En total, las autoridades iraníes han ejecutado a siete personas en relación con las protestas. Los grupos de derechos sostienen que tanto estos como otros condenados a muerte fueron sentenciados por opacos tribunales de seguridad y no tuvieron derecho a defenderse.
“La acusación se basó en ‘confesiones’ forzadas y el proceso estuvo plagado de irregularidades que revelan que se trata de un caso con motivaciones políticas”, apuntó Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de Irán, en Nueva York, acerca de os tres ejecutados.
Según el grupo, Kazemi llamó a un familiar y acusó a las autoridades de torturarlo azotándole los pies, de usar una pistola eléctrica y de amenazarlo con una agresión sexual.
Amnistía Internacional, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres, también criticó los casos.
“La forma escandalosa en la que el juicio y la condena de estos manifestantes se aceleraron en el sistema judicial iraní, ante el uso de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura, graves irregularidades procesales y falta de pruebas, es otro ejemplo del descarado desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y a un juicio justo”, afirmó Diana Eltahawy, subdirectora de Amnistía para Oriente Medio y Norte de África.
Irán lanzó una dura represión contra unas protestas que calificó, sin aportar pruebas, de conspiración respaldada desde el extranjero. Los inconformes dijeron que estaban hartos tras décadas de represión y mala gobernanza. La economía iraní ha caído en picado desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto con las potencias nucleares y restableció sus asfixiantes sanciones.
Robert Malley, el enviado de Estados Unidos para Irán, había hablado abiertamente de la inminente ejecución de los tres hombres, calificándola como “una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad básica de todos los iraníes” que mostraba que su gobierno “no ha aprendido nada de las protestas”.
“Estados Unidos seguirá al lado del pueblo iraní. Nos estamos coordinando con nuestros aliados y socios para exponer y hacer frente a los incesantes abusos del régimen iraní contra los derechos humanos”, tuiteó Malley el jueves.
Más de 500 personas fallecieron durante los meses que duraron las protestas, incluyendo decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad. Unas 19.000 personas fueron detenidas, aunque muchas han sido liberadas.
Irán es uno de los países del mundo que más ejecuciones realiza. Al menos 582 personas fueron ejecutadas en 2022, frente a las 333 del año previo. El aumento de esta práctica, incluso para casos de drogas y por cargos difusos como “enemistad con Dios” y “propagación de corrupción en la tierra”, ha provocado las críticas de funcionarios de Naciones Unidas y de activistas por los derechos humanos.
Fuente: AP
