Amnistía Internacional denunció la negligencia de las autoridades prorrusas para socorrer a los afectados en Kherson

La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que las autoridades prorrusas de los territorios ucranianos ocupados no realizaron las correspondientes evacuaciones ni proporcionaron ayuda humanitaria a la población de Kherson, afectada por las inundaciones tras la destrucción de la represa de Kajovka.

“Las fuerzas rusas ocupantes han puesto en peligro vidas humanas en las zonas afectadas por las inundaciones tras la destrucción de la presa mientras la escasez de agua río arriba y la alteración de los medios de subsistencia apuntan a una catástrofe ecológica y económica inminente”, señaló la organización en un comunicado e insistió en que “es primordial salvar vidas y medios de susbtisnetncia, y evitar más muertes y catástrofes”.

De momento ya son 27 las víctimas fatales de este episodio, 42 los desaparecidos y más de 17.000 los desplazados.

Asimismo, la organización repudió que a sus voluntarios se les haya impedido el paso a la mayoría de dichas zonas para asistir a las víctimas mientras las autoridades de Moscú en el territorio se mostraron indiferentes con las personas atrapadas en sus casas.

“En las comunidades ribereñas de la región de Dnipro llevan cinco días sin agua. Los equipos de voluntariado les han proporcionado cinco litros por persona pero la pregunta es cuánto tiempo va a durar esto”, explicó una fuente de la organización que trabaja en la zona y que tras un primer ingreso no le fue posible seguir asistiendo a los afectados.

Otra de las principales preocupaciones señaladas por Amnistía Internacional es la “escasa” información actualizada sobre la situación que responde a los “peligros” que implican los contactos de los habitantes con organizaciones de derechos humanos y a la falta de electricidad y la mala cobertura en el área.

“Es inquietante tratar de contactar a las personas que han quedado atrapadas en los pueblos y las ciudades inundadas, ocupadas por Rusia. Hablar a través de las redes rusas es arriesgado y nuestras fuentes son plenamente conscientes de las represalias que pueden sufrir por hablar con nosotros”, señaló en ese sentido la investigadora regional de la organización Anna Wright.

Además del desastre humanitario que provocó la destrucción de la represa, se ha desencadenado una crisis económica en toda la región, debido a la falta de agua río arriba que es crucial para el riego de las vastas plantaciones agrícolas. Como consecuencia, muchas de las cosechas se están perdiendo.

Por último, AI junto con la Cruz Roja advirtieron por la presencia de minas terrestres diseminadas por todo el terreno, ocultas por los sedimentos e, incluso, en zonas que antes se consideraban seguras.

“Dependiendo de su forma y de su material, las minas pueden flotar kilómetros río abajo y, en particular, las minas de plástico pueden flotar durante más tiempo”, explicó Erik Tollefsen, jefe de la Unidad de Contaminación por Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y adelantó que “el riesgo empeorará cuando el agua retroceda porque los escombros potencialmente cubrirán las minas y no se podrán ver”.

Por todo ello, Wright insistió en que los responsables de la destrucción de la presa “deben comparecer ante la Justicia, al igual que toda persona responsable de crímenes de derecho internacional cometidos en Ucrania”.