Un juez federal estadounidense prohibió el martes a algunas agencias y funcionarios del Gobierno que contacten con empresas propietarias de redes sociales para debatir sobre la moderación de su contenido.
La decisión tribunalicia responde a una demanda conjunta de los fiscales generales de Luisiana y Misuri, ambos republicanos, quienes acusaron a funcionarios gubernamentales de ir demasiado lejos en sus intentos de inducir a las redes sociales a lidiar con publicaciones que, en su criterio, pudieron socavar la vacunación durante la pandemia de covid, o propugnar alteraciones en el proceso electoral.
Al apoyar los alegatos de que esas medidas se utilizaban para censurar ciertas opiniones políticas, con lo cual se infringía la Primera Enmienda, el juez Terry Doughty concluyó que los fiscales pusieron en evidencia los esfuerzos sustantivos de organismos gubernamentales, desde la Casa Blanca hasta agencias federales, para suprimir la libertad de expresión en función de determinados contenidos, informa The Washigton Post.
En su dictamen, el juez puso límites a las facultades de los departamentos de Justicia, de Estado y de Salud, así como a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. De manera aún más específica, impuso restricciones a más de una decena de funcionarios, incluidos Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y Jen Easterly, directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura.
De otra parte, el juez hizo algunas excepciones en cuanto a las comunicaciones entre funcionarios gubernamentales y compañías de medios, relativas a advertencias sobre amenazas a la seguridad nacional o actividades criminales.
El Departamento de Justicia está analizando la decisión judicial y evaluará las opciones, dijo un funcionario de la Casa Blanca, según reporta el medio.
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