Imponen medidas de coerción a un matrimonio que encabezaba una red de tráfico de personas

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia impuso este jueves medidas de coerción contra un matrimonio arrestado durante una operación llevada a cabo de forma conjunta por autoridades dominicanas y francesas que permitió desarticular una red de trata y tráfico de personas.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado de que a José Antonio Tapia Martínez se le impuso prisión preventiva a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de Santiago, mientras que su pareja, Evelyn Jiménez Carela, estará en arresto domiciliario.

Tapia Martínez y Jiménez Carela, identificados como cabezas de la red y arrestados en La Vega, serán extraditados a Francia a solicitud de esta nación, donde fueron rescatadas 41 víctimas de nacionalidad venezolana, colombiana, brasileña y dominicana.

Los jueces Francisco Pérez Mena, Pedro Sánchez y Fran Soto impusieron las medidas de coerción y fijaron la audiencia para conocer el fondo de la extradición para el próximo 8 de agosto, a partir del mediodía.

Además del matrimonio, en el transcurso de las pesquisas fueron arrestados en Francia los miembros de la red Floricel Miguelina Suero Liranzo y Juan Francisco Monegro Peralta y también se llevaron a cabo detenciones en España e Italia.

Las investigaciones comenzaron en mayo del pasado año, al establecerse que una red de trata de personas controlada desde República Dominicana explotaba a decenas de mujeres sudamericanas en diferentes ciudades de Francia, después de que se detectaran anuncios de servicios de prostitución en varias webs especializadas.

Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), explicó que República Dominicana colaboró en esa operación con personal de tres de sus procuradurías especializadas.

“Equipos de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por el tema de los bienes, y de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), porque se subían algunas informaciones, las promociones y los servicios a través de las páginas y las redes”, detalló Bejarán Álvarez.

En las labores de investigación contra la red criminal, que obtenía beneficios anuales de al menos dos millones de euros, participaron agentes policiales especializados de Francia, Italia y España en República Dominicana.