Legisladores de distintos partidos políticos se mostraron a favor y en contra de las inscripciones de varios miembros del oficialismo a posiciones de diputados y otros cargos públicos, estando algunos de ellos bajo el escrutinio del Ministerio Público por corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
Estas precandidaturas por parte de los señalados mantiene el debate entre congresistas de las principales fuerzas políticas, Partido Revolucionario Moderno, La fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana.
Diputados y exfuncionarios investigados por el MP, por sus vinculaciones en múltiples delitos, inscribieron precandidaturas a alcaldes, regidor, diputados y senador por el gobernante Partido Revolucionario Moderno.
El senador por la FP, Félix Bautista, calificó la acción como “normal” ya “que estamos en tiempos de campaña y entra dentro de ese aspecto”.
En ese orden, el diputado de la FP, Rafael Castillo, indicó que ya la Junta Central Electoral decidirá lo que hará con estas personas, al tiempo que indicó ya debieron ser llamados por la justicia.
De su lado, el congresista oficialista, Rosendy Polanco, consideró que cada quien tiene derecho a su inscripción, ya que hay casos que solo son rumores y que al partido le tocará depurar a los precandidatos.
En ese sentido, el también legislador oficialista, Juan Medina, dijo que el MP tiene la potestad para requerirlos, que no lo han requerido y juzgarlo, ya que no se puede actuar por rumor público.
En tanto que, la diputada peledeísta, Hilda Genao, dijo que el partido del gobierno debe ser el ejemplo, ya que se debe iniciar la limpieza por ahí, ya que habla mucho de transparencia.
Mientras que el diputado, Geraldo Casasnovas, sostuvo que “el PRM anunció que gente cuestionadas por la justicia no sería inscrita, sin embargo, se ha inscrito todo el mundo, siendo el diputado preso en EEUU Miguel Gutiérrez, el único que falta”.
En las inscripciones participaron diputados activos investigados por narcotráfico, lavado y corrupción, así como exfuncionarios separados del Gobierno por acusaciones de múltiples delitos y escándalos.
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