La Comisión Especial que estudia las faltas “graves” cometidas en la Cámara de Cuentas, emitió las mismas imputaciones del presidente de la entidad, Janel Ramírez, a uno de los miembros que también es señalado.
Manuel Arturo Fernández Burgo es imputado por rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban los mismos, y haber votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.
Estos diez expedientes son los mismos que Janel Ramírez también habría archivado de manera ilegal.
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Sobre los presupuestos
A Fernández Burgos se le imputa por una ejecución presupuestaria deficiente, ya que del presupuesto aprobado para el 2021 , ascendente a la suma de RD$1,674,250,000.00 solo ejecutó el 54% , es decir la suma de RD$910,700,000.00, con un sobrante de RD$763,550,000.00
Según el informe, para el 2022, le aprobaron un presupuesto de RD$ 1,474,248,087.00, y solo se ejecutó un (68%), o sea, RD$999,629,511.00, con un sobrante de RD$474,618,576.00, lo que implica que al 31 de diciembre de 2022 acumularon la suma de RD$ 1,296,007,207.00, de los cuales RD$500,000,000.00 están en un certificado financiero, que ha generado aproximadamente la suma de RD$30,000,000.00, por concepto de intereses, evidenciando así una pésima ejecución presupuestaria de la actual Cámara de Cuentas, generada por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros.
Además, se le imputa la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023, sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, lo que constituye violación al artículo 27 de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Sobre el Plan Anual de Auditoría (PAA)
Además se le imputa por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, en el cual se aprobaron setenta y nueve (79) auditorías, de las cuales se ejecutaron diez (10), lo que representó un trece (13%) por ciento; y para el año 2022, se aprobaron ochenta y ocho (88), de las cuales se ejecutaron dos (2), lo que representó un dos (2%) de lo aprobado, incumplimiento generado por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros.
Asignación ilegal de fondos públicos
Manuel Fernández es señalado además, por la asignación ilegal de los fondos públicos por haber favorecido con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación” del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, mediante una propuesta de la señora Elsa Peña Peña.
Sobre informes a remitir al Congreso Nacional
A Fernández se le acusa de haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020 y 2021, lo cual se comprueba en la comunicación 004974/2021, del 26 de abril de 2021, firmada por todos los miembros de la Cámara de Cuentas y en la Resolución No.00507, lo que constituye violación del numeral 3) del artículo 250 de la Constitución de la República.
Así también, de haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, correspondiente a los años 2020 y 2021, sin dichos informes haber contado con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado, se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados, y sin verificar el cumplimiento de la normativa constitucional y legal, lo cual se comprueba en la remisión de dichos informes al Congreso Nacional, mediante comunicaciones Nos.005156/2021 y 006023/2022, del 29 de abril 2021 y 27 de abril de 2022 respectivamente, en franca violación del párrafo IV del artículo 30 de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Asimismo, de haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional de los años 2020 y 2021, sin dichos informes estar acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante dichos periodos. Además de no contar con los estudios e investigaciones especiales, así como la forma en que estas han cumplido sus objetivos y metas institucionales a través de los indicadores de gestión, lo cual se comprueba en la remisión de los informes al Congreso Nacional mediante comunicaciones Nos. 005156/2021 y 006023/2022 de fechas 29 de abril de 2021 y 27 de abril de 2022 respectivamente, lo que constituye violación al artículo 43 y párrafo de la Ley No.10- 04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Imputaciones que no coinciden
Cabe destacar que hay tres imputaciones en contra de Manuel Arturo Fernández Burgos que no coinciden con las hechas a Janel Ramírez que son:
El haber incumplido sus funciones, al no convocar la cantidad de sesiones del Pleno que dispone el ordenamiento jurídico, lo cual ha impactado negativamente la productividad de la Cámara de Cuentas, aspecto que constituye un mal desempeño de sus funciones, y, consecuentemente, afecta la buena administración del ente constitucional.
Además, por no incluir en las agendas de las sesiones del Pleno de la Cámara de Cuentas temas sustantivos como informes de auditorías e investigaciones especiales, otorgándole prioridad a temas de carácter administrativo, lo cual da como resultado que de setecientos dos (702) temas tratados en los plenos hasta el 5 de junio de 2023, solo el seis por ciento (6%) correspondieron a informes de auditorías y el noventa y cuatro por ciento 94% a temas no sustantivos, lo que desvirtúa las atribuciones constitucionales y legales del Pleno de la Cámara de Cuentas.
Mientras que, tampoco fue imputado por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas, lo cual ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostiene con miembros del ente constitucional.
