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Foro feminista condena arrestos y deportaciones de mujeres haitianas ilegales en RD

Continúa con tendencia a la baja asistencia de parturientas haitianas en hospitales maternos del país

El Foro Feminista Magaly Pineda aseguró este jueves que las autoridades de la Dirección General de Migración acosan a mujeres migrantes haitianas embarazadas y lactantes, y en algunos casos las mismas han sido deportadas a Haití.

Las últimas denuncias de colectivos de Derechos Humanos dan cuenta de que agentes de Migración se acercaron a centros de salud como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional; San Lorenzo de los Mina, en Santo Domingo Este y en centros de salud de la provincia La Altagracia para detener y posteriormente deportar a mujeres migrantes embarazadas y lactantes. La Dirección General de Migración retoma estas acciones denigrantes  y de maltrato a migrantes embarazadas en una modalidad represiva, pero no resuelve el trafico de personas por la frontera, a pesar de saber que es una vía de lucro permanente.

“Denunciamos y repudiamos estas acciones que violentan el derecho a la salud y la dignidad humana de las mujeres migrantes. Condenamos también el racismo que atraviesa estas acciones, ya que la Dirección General de Migración busca específicamente a las mujeres de pieles más oscuras para determinar si son o no haitianas y determinar su estatus migratorio”, dice el foro en un comunicado.

La entidad exigió a las autoridades de Migración que detengan las redadas en los centros médicos, para preservar tanto la salud de las migrantes como para cuidar la salud colectiva.

También exigió al gobierno dominicano, muy especialmente al presidente Luis Abinader, que modifique su posicionamiento en torno al tema haitiano y recuerde que la Constitución se fundamenta en la dignidad humana y que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas.

“Le reiteramos y recordamos que la Constitución establece que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

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