La Oficina de Atención Permanente de La Vega reenvió para el martes de la próxima semana el conocimiento de medida de coerción contra Manuel Antonio Inoa Valdez, cuñado de la diputada Rosa Amalia Pilarte (PRM-La Vega), y a quien el Ministerio Público acusa de ser testaferro de la red de narcotráfico y lavado de activos atribuida a Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
El reenvió se produjo porque los abogados de la defensa de Inoa Valdez aportaron alegadas pruebas de arraigo, las cuales deben ser analizadas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público solicitará una coerción consistente en una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica enla Fiscalía de La Vega e impedimento de salida del país.
Inoa Valdez figura como accionista, junto a Micky López, en la compañía Inversiones Inmobiliaria cutupó SRL, que funciona en La Vega.
Sin embargo, en interrogatorios realizados en el Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales de la Procuraduría General de la República, Inoa Valdez afirmó: “Señores, yo le soy sincero. Yo en realidad no sé nada de eso. Como Micky López es mi concuñado, yo solo le he firmado todos los documentos que él me decía: firma éste, firma el otro”.
Indicó que no sabe dónde queda la compañía inmobiliaria, ni de qué color está pintada, ni el personal que dispone.
El cuñado de la diputada Pilarte y esposa de Micky López, es un camionero y agricultor, que posee un camión, marca Dahihatsu, que en las operaciones de flete que realiza, se gana un promedio de 400 mil pesos mensuales y de esa cantidad, tiene que pagar la mitad entre sus ayudantes y mantenimiento del vehículo.
Sin embargo, el Ministerio Público realizó una investigación financiera en contra del acusado Inoa Valdez, debido a que presenta movimientos de una suma exorbitante de dinero que no puede justificar y pidió la declaratoria del caso complejo.
En ese sentido, el expediente del MP muestra que Inoa Valdez ha movilizado en el sistema financiero aproximadamente 372 millones 592 mil pesos y no reporta ninguna actividad laboral registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Además, figura como accionista de una empresa de inversiones inmobiliarias valorada aproximadamente en cien millones de pesos.
El Ministerio Público destaca que, dentro de las transacciones del imputado, las de mayor cantidad tienen como intermediarios a la legisladora Rosa Amalia Pilarte, dos empresas de crédito y a Micky López.
