El pasado 2 de julio inició el trayecto rumbo a las elecciones municipales del año 2024 y a pesar de que algunos aspirantes a puestos electivos tienen casos pendientes en la justicia, cuentan con el respaldo de sus organizaciones políticas para optar por posiciones en el congreso y los ayuntamientos.
El programa N Investiga presentó una trabajo periodístico en el que se detalla cómo algunos de los 4,392 inscritos que optarán para competir por cargos en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, las alcaldías, regidurías y direcciones distritales, son actualmente investigados por el Ministerio Público.
Lavado de activos, participación en entramados de corrupción administrativa, acoso sexual, expropiación de terrenos son solo algunos de los casos en los que el órgano señala a algunos aspirantes.
Para el abogado y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, es deplorable la incidencia en la política de sectores que operan a la sombra de la justicia, algo que a su parecer “le está quitando legitimidad a la política”.
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Rosa Amalia Pilarte, diputada de La Vega por el PRM, aspira a optar a un nuevo período pese a ser acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional más de dos mil 550 millones de pesos, producto de actividades propias de lavado de activos y vender alrededor de 10 propiedades por varios millones de pesos a la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupó, propiedad de su cuñado, Manuel Antonio Inoa Valdez, quien dijo no conocer de la transacción pero ha sido señalado como testaferro de la red de narcotráfico atribuida al esposo de la diputada, José Miguel López Florencio (Miky López), quien recientemente ha estado en el centro de la opinión pública por supuestas amenazas y censuras a varios comunicadores y sobre cuyo entramado hicimos un trabajo en junio de 2021 a raíz de esta acusación del Ministerio Público.
Uno de los hijos de López, José Miguel López, es actualmente regidor por el ayuntamiento de La Vega y también se inscribió para la reelección pese a su vinculación en la red.
La politóloga Rosario Espinal atribuye la vinculación de estas personas a la política al elevado costo que tienen las campañas electorales.
“Indiscutiblemente que las campañas cuestan mucho dinero. Lamentablemente como cuestan tanto dinero personas involucradas en actividades ilícitas, como es el caso del narcotráfico, tiene mucho dinero disponible para gastar”, dice.
En este grupo de precandidatos con cuentas pendientes en la justicia también están varios vinculados a la Operación Falcón, como son los casos del diputado de Santiago por el PRM, Nelson Marmolejos Gil, investigado desde hace un año y 10 meses por cargos de narcotráfico y lavado de activos, los diputados perremeístas por Hato Mayor, Faustina Guerrero, conocida como Grey Maldonado, y de Pedernales, Héctor Feliz.
La Operación Calamar, un entramado de corrupción administrativa develado por las autoridades a inicio de este año señala casos de expropiación de terrenos, mafias en los juegos de azar, entre otras, el cual envuelve una estafa al Estado por más de 19 mil millones de pesos.
En este caso hay envueltas funcionarios del pasado y del actual Gobierno, entre ellas el diputado de la circunscripción tres del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, Sergio Moya (Moya), a quien se le atribuye ser uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
En el expediente también aparece Mérido Torres, quien no fue acusado pero se le mencionó por recibir el pago de más de RD$32 millones de una expropiación irregular de terrenos, además de que, como presentamos en abril de 2023 fue señalado por cometer delitos con la propiedad y abuso de poder, entre otras irregularidades desde su función como director de la Unidad de titulación de Terrenos del Estado.
En esa misma demarcación, otros dos aspirantes a alcaldes, también tienen cuentas pendientes con la justicia, incluyendo a Adan Peguero, desvinculado del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) en noviembre de 2021.
Cáceres formalizó sus aspiraciones para someterse al escrutinio de los munícipes de Santo Domingo Este, aunque es investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción por irregularidades en un acuerdo firmado con la empresa de envíos Mia Cargo Group, sin tomar en cuenta la Ley de Compras ni de Alianzas Público Privada que provocó graves consecuencias para el Estado dominicano, como mostramos en octubre de 2021.
Luis Alberto Tejada, también aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este por el opositor Partido e la Liberación Dominicana (PLD), tiene varias querellas por supuestamente operar más de 2,500 bancas ilegales, en diferentes jurisdicciones.
El 29 de diciembre del al 2022 José Luis Valera fue destituido como vicecónsul dominicano en Barcelona, mediante el decreto 739-22, sin que trascendieran los motivos. Llama la atención que se haya inscrito como precandidato a diputado del PRM de la circunscripción 5 de Santo Domingo.
La exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, fue la primera funcionaria del Gobierno de Luis Abinader en renunciar, en diciembre de 2020, luego de que presentáramos una investigación acerca de su declaración jurada de patrimonio superior a los 70 millones de pesos y cuestionables negociaciones con el Estado a través de servicios municipales. A pesar de haber sido interrogada varias veces por la Pepca, su investigación está en una especie de limbo jurídico, lo que no fue obstáculo para que se inscribiera como precandidata a diputada del PRM por la Circunscripción 5 de la provincia Santo Domingo, integrada por Los Alcarrizos y Pedro Brand. No publicitó su inscripción y lo hizo prácticamente cerrando el plazo del proceso interno del PRM, el pasado domingo alrededor de las 5:00 de la tarde.
Uno que aspira a permanecer como regidor en Santiago por el PLD es Bray Vargas, quien estuvo en el ojo del huracán al estar implicado en el caso de la empresa de criptomonedas Quantum, demandada por una estafa superior a los 35 millones de dólares. Aunque Vargas se ha desligado de la estafa, varios videos que él mismo subió a las redes sociales confirman que se identificaba como uno de los líderes de la plataforma.
“Hasta que usted no sea condenado, de manera definitiva, usted se presume que es inocente. De todas formas hay que ver porque hay delitos y crímenes y hay delitos y crímenes.”, indica Pelegrín Castillo.
Entre esos delitos está el acoso sexual con precandidatos como José Sánchez, quien aspira a ser diputado del PRM en Santo Domingo luego de que en marzo del 2022 renunciara como rector del Instituto Superior Comunitario, luego de varias denuncias de acoso sexual y corrupción.
“Los partidos tienen que tener mucho cuidado en quiénes son las personas que conforman su boleta, porque tarde o temprano esos candidatos generan una controversia y desacreditan la oferta electoral del partido X que los tenga como candidatos”, asegura Rosario Espinal.
En la misma línea está el regidor perremeísta de Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez, Domingo Antonio Durán, conocido como Tony Durán, quien cumplió dos meses de prisión preventiva y le variaron la medida a grillete electrónico pero no a prisión domiciliaria, sino que fue delimitado a toda la comunidad de Villa Los Almácigos, donde puede desplazarse con libertad, tras ser acusado de abuso sexual de una menor de 14 años, como mostramos en febrero de este año.
Ante estos 14 casos que hemos mostrado, la gran cuestionante es si la Ley de Partidos Políticos impide postularse a candidatos con tan cuestionables antecedentes y asuntos pendientes en la justicia.
“En el caso de dictarse una prisión, es que podría hablarse de una suspensión de esos derechos y por tanto es donde podríamos ver una prohibición para presentar una candidatura. Pero propiamente solamente es un proceso que se encuentra abierto, pendiente de ser conocido. No es un obstáculo para presentar una candidatura.”, indica Luis Ernesto Peña, abogado especialista en Ley de Partidos.
No es un obstáculo debido al principio de presunción de inocencia, aunque eso no significa que en caso de resultar electos, no tengan que responder a la ley e incluso llegar a ser condenados, en caso de ser hallados culpables. Sin embargo, especialistas plantean que una cosa es lo legal y lo legítimo.
La Coordinadora Gral. Participación Ciudadana, Elizabeth Sánchez, señala que les corresponde a esas estructuras hacer las investigaciones de lugar y decir quién es cada persona, pedirles también a esos precandidatos una serie de documentación que pueden avalar el que ellos no tienen asuntos pendientes con la Justicia.
Eddy Olivares, vicepresidente PRM: 2:25
El vicepresidente del PRM, Eddy Olivares, indica que esa organización ha sido estricta en la depuración de los aspirantes.
“El partido ha decidido ser sumamente estricto en lo que tiene que ver con la depuración de los expedientes de aspirantes a cargos de elección popular, con una serie de requisitos que se le han agregado. Todo, por supuesto, dentro del marco de lo que establece la Constitución y las leyes”, indica.
“Hay muchas personas que tienen asuntos pendientes en Estados Unidos y sin embargo aquí no tienen nada pendiente con la justicia, pero allá sí. Entonces entendemos que eso es lo que ellos están solicitando y eso no podemos calificarlo como una injerencia”, dice la coordinadora de Participación Ciudadana.
Olivares defiende la depuración que realiza el PRM indicando que la misma se realiza orientada a alcanza los más altos niveles de efectividad.
“Se trata de hacer el mayor esfuerzo para que la depuración sea efectiva y evitar que se filtren personas vinculadas con el crimen organizado”, establece Olivares.
En cambio, otros dirigentes políticos y politólogos consideran que hay otras vías e instituciones para hacer estas investigaciones ya que acudir a la embajada de otro país es una injerencia que viola el principio de soberanía.
“El Estado que no puede tener el control de cuáles son sus candidatos, no puede pedirle a otro Estado que depure sus listas porque implica ya un elemento de sometimiento peligroso”, dice el presidente de la FNP.
En tanto que la politóloga Rosario Espinal, asegura que acudir a órganos externos luce como una estrategia de los partidos para liberarse de la responsabilidad de depurar a sus precandidatos.
“Tirarle ese problema a la Junta Central Electoral es complicarle su misión fundamental, que es organizar elecciones, no es estar investigando candidatos o posibles candidatos. Esa no es la función de la Junta Central Electoral” dice.
Lo que sí es un hecho es que los ciudadanos tienen una gran cuota de responsabilidad ante la amenaza de que personas con cuestionables historiales ocupen puestos electivos.
La coordinadora de PC reveló que próximamente el movimiento cívico pondrá en funcionamiento una plataforma orientada a que la ciudadanía pueda denunciar cualquier tipo de irregularidad.
