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Tony Adames tiene programada cirugía de la vesícula y reenvían juicio de fondo para el 5 de octubre

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Maorís reenvió para el 5 de octubre le conocimiento de juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde por La Romana, Juan Antonio Adames, acusado de desfalco al Estado por más 200 millones de pesos, a través del ayuntamiento municipal.

En principio el tribunal aplazó para el 7 de septiembre, sin embargo, abogados de Adames afirmaron que en septiembre este será operado de la vesícula, y, fijaron la fecha para el 5 de octubre.

Debido a esta decisión, será dentro de dos meses cuando Tony Adames responda a la acusación incoada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en el año 2013, de desfalco por 200 millones de pesos, en su gestión de alcalde 2010-2016.

El Ministerio Público acusa a Tony Adames de falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.

El expediente acusatorio contra el edil es el No. 334-2022-EPEN-00896, sustentado en violaciones a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265, 266, del Código Penal Dominicano.

Por ese caso se le dictó prisión domiciliaria, como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, al edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.

Adames parece especializarse en ser electo alcalde por el ayuntamiento de La Romana, en que se formule acusaciones en su contra y vaya al banquillo de los acusados, en cada gestión municipal, y también por procurar que se le varíe la prisión carcelaria, a la que está impuesto, por prisión domiciliaria.

En ese sentido, también busca que el Tribunal de Ejecución de la Pena de la Región Este conozca el pedimento de variación de prisión, pues cumple una condena de dos años de cárcel, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama. La audiencia está prevista para el 22 de este mes.

La condena por dos años de cárcel, ratificada por la Suprema Corte de Justicia, por no haber honrado el pago de cuatro millones 50 mil pesos al escultor Luis Catillo, contratado para construir estatuas de peloteros y colocadas en el parque central.

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