Abogados de José Ramón Peralta denuncian Jueza ya tenía decisión previa a revisión de medida de coerción

Los abogados de José Ramón Peralta denunciaron hoy, que la Jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ya tenía una decisión previa a la revisión de medida de coerción, porque prorrogó para el 29 de noviembre,  la revisión obligatoria de la medida de coerción contra su cliente, sin haber celebrado la audiencia que había sido fijada para este viernes.

“Vinimos a una revisión obligatoria de medida de coerción y nos hemos encontrado con que la jueza apoderada del asunto, ya tenía una decisión hecha y nos ha sido notificada. Una decisión que esta jueza, Patricia Padilla, ha tomado sin audiencia, sin que la defensa pueda intervenir y sin que los medios de prueba que presentó la defensa en la oportunidad, para discutir la medida de coerción puedan ser discutidos”, dijo el abogado Pedro Balbuena.

Afirmó que la decisión adoptada por la magistrada constituye una falta grave a sus deberes fundamentales como jueza y compromete su imparcialidad, lo que podría motivar que la recusen o la denuncien ante el Consejo Superior del Poder Judicial.

“Esa decisión fue tomada en el gabinete de la magistrada apoderada de este proceso, cuestión que es contraria a lo que establece la ley, específicamente en los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal, que obliga a los jueces a fijar audiencias para conocer respecto de medidas de coerción”, agregó Balbuena.

Dijo que con la prorrogación, cuyos motivos asegura aún desconocer por no haber leído la notificación que le fue entregada este viernes, José Ramón Peralta tendrá aproximadamente 9 meses sin ver a un juez que revise la medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva que le fue impuesta, lo que asegura es una denegación de justicia en contra del procesado.

Se recuerda que José Ramón Peralta es uno de los principales imputados en el caso Operación Calamar que lleva la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por la alegada sustracción de más de RD$ 17 mil millones de pesos al Estado.