El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Se le impuso impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica de 4.5 millones de pesos, por su vinculación en el supuesto entramado de corrupción dado a conocer mediante la operación Calamar.
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Al salir de la audiencia, la defensa legal de Peralta se mostró insatisfecha con la nueva medida, afirmando que “a donde debió llegar el proceso es a su cierre definitivo, por causa de ausencia de méritos y por causa de ausencia de evidencias”.
Santiago Rodríguez, abogado del imputado, agregó; “hace tiempo Peralta debió estar en libertad. No debimos llegar hasta aquí siete meses después”.
De los exfuncionarios señalados en el caso, solo Peralta permanecía en prisión.
Los exministros Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, lograron que se les cambiara la medida de coerción por fianza y prisión domiciliaria.
Otros 17 señalados también se encuentran en sus casas, con diferentes tipos de medidas de coerción.