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Matrimonio canadiense es condenado en República Dominicana por agresión sexual a menores

América Latina, debajo de la media en leyes de abuso a niños

Un matrimonio canadiense fue condenado a varios años de prisión en República Dominicana por agredir sexualmente y amenazar a dos menores de edad en Jaracaboa, una localidad montañosa a unos 150 kilómetros al norte de Santo Domingo, informó este lunes la Fiscalía.

Adam Eric Pepper y su esposa Tracee Lynne Pepper (Tracee Lynne Plett), ambos de 35 años, grababan los abusos, lo que permitió a la madre de uno de los niños, de 12 años, descubrir lo que estaba pasando en 2021 y denunciarlo.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el hombre, en prisión preventiva desde ese año, amenazaba al menor para que no contara lo sucedido, diciéndole que si acababa preso no podría seguir haciéndole regalos, como el celular donde la madre halló las imágenes de la agresión sexual.

La madre declaró que el imputado le pedía que le dejara al menor para estar con él más tiempo a solas y que le firmara un papel donde precisara que, si a ella le pasaba algo, él y su esposa se quedarían con el niño.

Por su parte, Tracee Lynne Pepper está acusada de tocar al menor y de grabar imágenes sexuales del niño junto a una menor, de 13 años, unos hechos que llevaron a una tía de esta segunda víctima a denunciar a la ciudadana canadiense, que amenazaba a la chica con matarla a ella y a su familia si se atrevía a decir lo que le hacían.

En un allanamiento en la vivienda de los imputados en abril de 2021, el Ministerio Público (Fiscalía) incautó memorias USB, una cámara profesional con sus accesorios, una maleta con equipo de grabación de alta definición y una cámara digital pequeña con accesorios para usarla debajo del agua, entre otras pertenencias.

En las cámaras se encontraron videos con imágenes de menores realizando actividades sexuales, precisa la nota de la Fiscalía.

Por todo ello, la Justicia dominicana condenó a siete años de cárcel al hombre y a cinco años a su mujer, así como a suspensión de trabajo, el pago de 10 salarios mínimos oficiales y las costas penales del proceso, por violar artículos del Código Penal Dominicano que tipifican y sancionan la asociación de malhechores para cometer amenaza y agresión sexual, explotación sexual, comercial y la posesión de imágenes que atentan contra el honor y la dignidad de niños.

También violaron artículos que sancionan la producción, comercialización, adquisición y posesión de pornografía infantil.

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