El presidente electo de Guatemala denuncia violación de derecho a la defensa

CIUDAD DE GUATEMALA—El presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo denunció el martes que la fiscalía y el juez que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido el Movimiento Semilla le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra.

En paralelo a los reclamos de Arévalo, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución con la que prepara una visita de buenos oficios al país, invocando la Carta Democrática Interamericana, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de presión y el paso previo a medidas más fuertes.

 

Y, por su parte, el presidente saliente Alejandro Giammattei publicó un comunicado el martes elevando el tono de molestia por la sanción del gobierno estadounidense a funcionarios de su gobierno, a políticos y allegados, acusándolos de socavar la democracia del país al intentar anular las elecciones.

Cuando Arévalo se apersonó el martes en busca de información al juzgado de Fredy Orellana, el juez que conoce la causa contra él y su partido, ésta le fue negada.

 “Treinta y tres veces nos han negado la fiscalía y 15 veces el juzgado, eso es negación del derecho de defensa… y sólo se explica porque ellos están conscientes de las mentiras y patrañas que están construyendo en este caso”, dijo el presidente electo a periodistas.

“Es una carpeta hecha de mentiras y por eso no nos dan acceso”, añadió.

Desde hace casi seis meses la fiscalía, liderada por la fiscal general Consuelo Porras, inició una arremetida contra el proceso electoral con el fin de evitar, según Arévalo, que pueda tomar posesión el 14 de enero como está establecido en la Constitución para gobernar el país los próximos cuatro años.

La fiscalía ha solicitado tres veces la retirada de inmunidad contra el presidente electo para investigarlo. Sin inmunidad, Arévalo podría enfrentar órdenes de aprehensión.

Ante la recurrencia de acciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el martes una resolución en la que condena “enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”.

Encomienda, además, al presidente del Consejo Permanente y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que soliciten con urgencia el consentimiento del Gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo Permanente “cuanto antes, invocando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana”.

Según el excanciller guatemalteco Gabriel Orellana, con la resolución de la OEA “aquí estamos en la antesala de medidas más graves que pueda dictar el Sistema Interamericano contra Guatemala si el gobierno insiste en mantener toda esta parafernalia de medidas”.

El pronunciamiento, propuesto por Estados Unidos, se tomó con el apoyo de 29 estados, pero con Guatemala en contra. El Salvador se abstuvo y hubo dos ausencias.

Además, el martes los senadores estadounidenses demócratas y republicanos Ben Cardin, Marco Rubio, Tim Kaine, Bill Cassidy y Dick Durbin llamaron a defender el Estado de derecho en el país y a realizar una transmisión pacífica del poder.

Giammattei acusó en su comunicado a algunos miembros del gobierno estadounidense —sin identificar a a quién— de “manipulación mediática y política” y pidió a los miembros de ambas cámaras del Congreso estadounidense para que llamen a rendir cuentas al Departamento de Estado estadounidense.

El mandatario saliente rechazó las sanciones a sus allegados considerándolas intimidatorias y que “atentan contra la soberanía”, dijo en su comunicado.

“Siendo Guatemala una república democrática, sus normas legales internas se rigen bajo el principio del debido proceso, la separación e independencia de poderes y el respeto irrestricto al Estado de derecho. Es bajo ese marco jurídico por el cual deben ser dirimidos los asuntos propios de nuestra Nación”, dijo.

“En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”, indicó Giammattei.

La toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo está prevista para enero de 2024.

Los senadores de Estados Unidos hicieron, además, “un llamado al Presidente Giammattei para que abogue por que las instituciones guatemaltecas se unan al sector privado y a la sociedad civil para apoyar y respetar una transición pacífica del poder, como se espera de toda democracia”, recogía su comunicado.

En la misma línea, la resolución de la OEA indicó que hay una seria preocupación por la “continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”.

Asimismo, llamó al Secretario General de la OEA a continuar realizando esfuerzos diplomáticos a fin de defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Y el lunes Estados Unidos sancionó a 300 ciudadanos guatemaltecos entre los que se encuentran más de 100 diputados, empresarios, funcionarios de gobierno y particulares por socavar la democracia en el país centroamericano.

Aunque el gobierno de Alejandro Giammattei ha intentado desmarcarse de las acciones de la fiscalía y mantiene reuniones de transición con el equipo de Arévalo, los diputados de su partido y aliados se unieron a la fiscalía desaforando a los magistrados electorales para que éstos fueran investigados por la compra de un software de conteo rápido y paralelo de los resultados de las elecciones generales. Ante la retirada de inmunidad los magistrados abandonaron el país.

Organizaciones indígenas llevan más de 70 días protestando, en reclamo de la renuncia o la destitución por el presidente de la fiscal general a quién señalan de intentar desconocer la voluntad popular. Giammattei ha dicho que la ley no le permite destituir a Porras.

Pero el excanciller Orellana dijo que es Giammattei sí pueda intervenir en lo que la fiscalía realiza, pues la Constitución, en su artículo 134 sobre descentralizacion y autonomía, manda que las entidades autónomas (como la fiscalía) deben coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo que corresponda.

FUENTE / AP