El Ministerio Público explicó que la decisión de aplazar para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido, se debió a que hoy sábado se presentaron 30 nuevos querellantes.
“A los 30 nuevos querellantes el juez les da la oportunidad para que sean notificadas esas querellas nuevas a la defensa técnica, por lo tanto, el día 9, que es martes, estaremos compareciendo para que ese día el juez escuche a todas las partes y vamos a desarrollar la audiencia de medida de coerción”, explicó el procurador fiscal Andrés Mena.
El litigante del órgano persecutor indicó que, con estas nuevas demandas, asciende a 117 el total de querellantes y a más de 300 el total de querellas contra esta red.
En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en Operación Nido, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, y que para lograr su objetivo utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
La investigación del órgano persecutor, en la que son imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que, a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
