En cumplimiento de los artículos 190 y 191 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley núm. 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, la institución garante de los derechos fundamentales lleva a cabo el “Programa de verificación del cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal” en las instituciones públicas a cargo de la Secretaría General de este órgano.
El programa tiene como objetivo principal comprobar el nivel de cumplimiento, por parte de las instituciones públicas, de las disposiciones de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, que establece un plazo de dos a seis años para que todos los entornos cumplan con las exigencias de accesibilidad universal, incluyendo la adecuación y remodelación de los entornos físicos y edificaciones.
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El Defensor de Pueblo, Pablo Ulloa, expresó que para este órgano constitucional es indispensable que todas las instituciones cumplan con las políticas de accesibilidad universal y que desde el Estado no se fomenten barreras que limiten el acceso a los servicios públicos esenciales de las personas en condición de discapacidad, especialmente, en escuelas y centros de salud.
“No podemos hablar de buena administración sin garantizar que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los entornos físicos de las instituciones públicas, de esto depende que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos”, sostuvo Ulloa.
El programa inició con el levantamiento en ocho escuelas y cinco hospitales, de los sectores Villa Juana, Ensanche La Fe, Ensanche Luperón, Villa Consuelo y Villas Agrícolas en el Distrito Nacional.
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