Juan Rafael Parra Arias, implicado en “estafa de abuelos” y en “Discovery 2.0”

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoce la solicitud de extradición a Estados Unidos de Juan Rafael Parra Arias, por su presunta participación en la llamada “estafa de abuelos”, investigación que conoce el supuesto fraude a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares.

Uno de los implicados en la red, Juan Rafael Parra Arias, también es vinculado a la Operación Discovery 2.0.

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Su representante legal, Freddy Castillo, solicitó posponer el pedido de los Estados Unidos hasta tanto se conozca en el país su proceso penal, pedido que fue rechazado por los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto, Francisco Ortega y Luis Omar Jiménez Rosa, alegando que en el tribunal solo se conocen los presupuestos.

La solicitud se seguirá conociendo el próximo 9 de mayo para dar tiempo a que el abogado prepare su medio de defensa.

Mientras que en cuanto a la solicitud de medida de coerción en contra del extraditable José Ismael Dilón Rodríguez, el tribunal también la aplazó para ese mismo día, al acoger el pedido de su abogado Freddy Castillo, quien alegó que necesitaba tiempo para preparar su medio de defensa.

Once hombres de República Dominicana están acusados ​​en una acusación formal de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los acusados fueron identificados como, Juan Rafael Parra Arias de 41 años, Nefy Vladimir Parra Arias de 39 años, Nelson Rafael González Acevedo de 35 años, Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán de 59 años, Miguel Ángel Fortuna Solano de 41 años, Félix Samuel Reynoso Ventura de 37 años, Carlos Javier Estévez de 45 años, Luis Junior Rodríguez Serrano de 27 años, Miguel Ángel Vásquez de 24 años, Jovanni Antonio Rosario García de 45 años y José Ismael Dilón Rodríguez de 34 años.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de US$250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de US$500,000 por cada cargo de lavado de dinero.