Por Carlos Arturo Guisarre. La “reforma fiscal” que prepara el Gobierno instruye a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a cobrar el impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) sobre el valor real de los inmuebles urbanos y rurales. La tasa seguirá fijada en un 1%.
“Se mantienen gravados los inmuebles urbanos, con una tasa de un 1% y se aplicará sobre el valor real de los mismos en el mercado, disminuido en un 20%, sin tomar en cuenta las cargas o gravámenes que puedan recaer sobre los inmuebles y mejoras”, de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Reestructuración y Actualización Tributaria, al que tuvo acceso N Digital.
El IPI a las personas físicas tiene una recaudación mensual de 271 millones de pesos DOP, lo que el Estado dominicano buscaría aumentar significativamente en caso de llevar a cabo la revisión del valor real de los inmuebles.
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Esa revisión del valor de los inmuebles es fundamental para incrementar las recaudaciones del IPI, porque actualmente la base de la DGII de inmuebles gravables, con un valor teórico o contable de 9.6 millones de pesos DOP o más, no incluye importantes cantidades de propiedades de bienes raíces que en su valor de mercado valen más que eso.
“El Poder Ejecutivo ordenará que las Direcciones Generales de Impuestos Internos y del Catastro Nacional realicen un trabajo en conjunto para actualizar los valores inmobiliarios del país”, explica el anteproyecto.
Actualizar la tabla puede ser ampliamente impopular, porque una gran cantidad de “mejoras” ubicadas en sectores de clase media, la base electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM), podrían venderse a precios por encima de los 10 millones de pesos DOP. Igualmente, alguien que posee un apartamento valorado en siete millones de pesos en 2024, pudiera entrar en el umbral gravable en cuestión de pocos años, a causa de la inflación.
Otro aspecto, recientemente, el presidente Luis Abinader anunció que entregará 200,000 títulos de propiedad inmobiliaria entre 2024 y 2028, lo que al final pudiera servir para aumentar la cantidad de bienes raíces gravables.
El anteproyecto indica que “cuando se trate de solares en proceso de construcción, el impuesto se aplicará únicamente sobre el valor del terreno y no sobre las construcciones en proceso“, un cambio muy relevante para fomentar el desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, se grava con un impuesto de un 0.50% el patrimonio inmobiliario rural, para aminorar el impacto en el campo de la revisión del valor de los inmuebles que estará a cargo de la DGII y del Catastro Nacional.
El recorte a la mitad del IPI para las propiedades ubicadas en zonas rurales es un incentivo para que los capitales de inversión en bienes raíces se orienten al campo. Sin embargo, está por verse si las propiedades utilizadas como segundas viviendas “o casas de veraneo” serán consideradas como patrimonio inmobiliario rural.
Dirigentes políticos paleolibertarios de todo el mundo se quejan de que tributos como el IPI “son un robo”, porque “violan el derecho de propiedad” obligando a los ciudadanos a pagar de manera constante por algo “que es suyo”.
