Por Raúl Germán Bautista.- El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Juan Cruz Ventura, denunció que los ejecutivos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA) perjudican a los profesionales de esta provincia en esta área.
En un documento firmado por Cruz Ventura, se expresó: “La frase “Ni injusticias, ni privilegios” resuena como un ideal noble y lleno de humanismo, pero en la práctica se ha convertido en un mero eslogan vacío. La realidad en la provincia de La Vega es testigo de cómo este lema, utilizado como bandera política por el Partido Reformista, se convierte en una amarga paradoja”.
Agregó que los ejecutivos de CORAAVEGA están favoreciendo prácticas que perjudican gravemente a la clase profesional de ingenieros, arquitectos y agrimensores, así como al sector comercial y a toda la sociedad vegana.
Indicó que resulta irónico y profundamente injusto que los mismos reformistas, quienes proclaman la lucha contra las injusticias, sean responsables de excluir a los profesionales locales en un proceso de contratación pública.
“Se trata de la reconstrucción del Acueducto de Jarabacoa, un proyecto crucial para la provincia, cuyo proceso de licitación deja fuera, de manera arbitraria y premeditada, a los profesionales y empresas locales”, denunció.
Y adelantó: “Requisitos excluyentes. El pliego de condiciones del proceso de licitación (CORAAVEGA-CCC-LPN-2024-0008) establece requisitos imposibles de cumplir para la mayoría de los oferentes locales. Entre ellos, destacan:
CERTIFICACIÓN BANCARIA: Disponibilidad de una línea de crédito bancaria activa equivalente al 5% del presupuesto de cada lote, con montos significativos y condiciones estrictas.
LÍNEA DE CRÉDITO DE SUPLIDOR: Una línea de crédito de RD$300 millones para tubería y equipos, una cifra fuera del alcance de la mayoría de las empresas locales.
CAPITAL DE TRABAJO: Se exige un capital de trabajo mínimo de RD$75 millones, basado en los estados financieros de 2023, una condición que excluye a pequeñas y medianas empresas locales”.
Argumentó que estos requerimientos son claramente desproporcionados y diseñados para limitar la participación de los profesionales de La Vega, favoreciendo a un pequeño grupo con acceso a recursos privilegiados.
“Es evidente que esta licitación ha sido concebida para beneficiar a unos pocos, dejando de lado a quienes realmente contribuyen al desarrollo económico y social de la provincia”, adelantó.
Estableció que las consecuencias de esta exclusión son devastadoras.
“No solo se margina a los profesionales locales, sino que se priva a la economía de La Vega de los beneficios derivados de una inversión millonaria. Ferreterías, bancos locales, tiendas, colmados, agencias de vehículos y otros negocios verán pasar de largo una oportunidad que debería fortalecer el comercio y generar empleo en la provincia. Es inaceptable que los recursos administrados por CORAAVEGA, que provienen del esfuerzo de los veganos a través del pago de servicios de agua potable y saneamiento, sean utilizados de manera tan arbitraria y excluyente”, explicó.
Indicó que la provincia de La Vega merece que sus recursos se reinviertan en beneficio de su gente y no para engrosar las arcas de unos pocos privilegiados.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que revisen este proceso de licitación y garanticen condiciones justas y equitativas para todos los profesionales de La Vega. Es necesario establecer criterios que fomenten la participación local, asegurando que los recursos se queden en la provincia y beneficien a toda la comunidad. La justicia y la equidad no deben ser solo palabras en un eslogan político; deben ser principios rectores en la gestión pública. La Vega no puede ser testigo pasivo de cómo se despoja a sus profesionales y se margina a su economía. Es hora de poner fin a estas prácticas de privilegio y corrupción, y devolverle a la provincia lo que legítimamente le pertenece”, concluyó.
