El director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, presentó las medidas incluidas en el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, las cuales buscan reforzar la transparencia y la ética en los procesos de contratación pública.
Entre las principales disposiciones destacan las siguientes:
- Prohibición a exfuncionarios: A partir de la promulgación de esta ley, se prohíbe a los exfuncionarios tener cualquier tipo de relación comercial o profesional con la institución que representaron o sus subordinadas durante el año siguiente a su salida del cargo. Esta medida tiene como objetivo evitar conflictos de interés y garantizar la imparcialidad en las contrataciones.
- Sanciones por declaraciones falsas: El proyecto de ley establece penas de uno a tres años de prisión para aquellas personas que presenten declaraciones juradas falsas con el fin de registrarse como proveedores del Estado o participar en procesos de contratación. Esta medida busca prevenir el fraude y asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos establecidos.
- Sanciones a servidores públicos: En el caso de servidores públicos que intervengan de manera dolosa en los procesos de contratación, la ley contempla penas de dos a cinco años de prisión, además de una multa de hasta 50 salarios mínimos. Esta sanción se impone a aquellos que actúen de manera ilícita en la gestión de contratos públicos.
- Transparencia institucional: Las instituciones deberán publicar información detallada sobre sus actividades contractuales en sus portales oficiales. Esto incluye los contratos celebrados, los procedimientos de contratación y los resultados de los mismos, con el fin de promover la transparencia y el acceso a la información para la ciudadanía.
Estas medidas buscan fortalecer la integridad y el buen manejo de los recursos públicos, mejorando la confianza en los procesos de contratación y asegurando un entorno más justo y transparente en la administración pública.
Por: Yari Araujo
