El movimiento feminista volvió a tomar las calles por segunda vez en 24 horas bajo un sol sofocante que no impidió que una marea de mujeres empuñara sus carteles con consignas feministas y llegara a la sede del Gobierno, el Palacio de la Moneda, copando la avenida más grande de Santiago de Chile.
La marcha, que se desarrolló de forma pacífica en su mayoría, se vivió con expectación al no contar con el permiso de la Intendencia Metropolitana, por temor a ser reprimida por la Policía como ocurre con la mayoría de las manifestaciones convocadas en los últimos meses.
En el resto de las regiones del país se convocaron casi una treintena de actos feministas con manifestaciones de tintes familiares, que reunieron a mujeres de todas las generaciones y que transcurrieron sin incidentes graves.
La Policía chilena confirmó una asistencia mucho más baja de la constatada por las organizaciones sociales y los medios presentes, cifrando en 150.000 los asistentes a la manifestación, mientras que la Coordinadora Feminista 8M afirmó que participaron 2 millones de personas.
Desde el inicio de las protestas las consignas feministas se han mezclado con los reclamos de la lucha social, que batalla contra el Gobierno del conservador Sebastián Piñera y contra el modelo neoliberal del país, considerado por muchos como la causa de las desigualdades sociales.
“Hemos salidos a las calles un día más para expresar ‘fuera Piñera’, a exigir una asamblea constituyente y también a pelear y a luchar por la vida que queremos vivir, que evidentemente es libre de todas las violencias”, explicó a Efe Maura Barahona, una de las manifestantes.
Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago de Chile para protestar contra el aumento de la tarifa y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
En abril se llevará a cabo un histórico plebiscito para decidir si se entierra la actual Carta Magna, heredada de la dictadura, y cuya derogación se ha convertido en una las principales consignas de las protestas desde hace más de cuatro meses.
