El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) consciente de que los efectos socioeconómicos del COVID-19 son particularmente graves para los hogares con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ha concentrado su apoyo al gobierno dominicano para la inclusión de esta población en los programas de protección social.
De acuerdo con los datos oficiales disponibles del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en base a la encuesta ENHOGAR 2013, en República Dominicana se estima que hay unos 198 mil niños, niñas y adolescentes con al menos una discapacidad, definida conforme a las indicaciones internacionales y a la funcionalidad.
“La niñez con discapacidad, sobre todo aquella de los hogares más vulnerables, tiene mayores limitaciones para recibir servicios de educación y salud, y sus familias realizan gastos adicionales que podrían dedicar a otras necesidades básicas”, señala Gavino Severino, Oficial de Políticas Sociales de UNICEF en el país.
Respondiendo a su mandato de proteger a la niñez en mayor riesgo, la oficina de UNICEF en el territorio dominicano trabaja desde 2018 con los programas de protección social para incluir a los hogares con niños y niñas con discapacidades severas como parte de la población elegible para recibir una asistencia especial del gobierno. El Oficial de UNICEF destaca que ya el Gobierno dominicano había dado pasos concretos para hacer estas adecuaciones, al momento de la emergencia por el COVID 19.
Ante los efectos económicos de la pandemia del COVID 19, el sistema de protección social ha respondido a través del programa Comer es Primero, incrementando sustancialmente el monto recibido por las familias participantes. También, las autoridades locales, han implementado el programa temporal Quédate en Casa, con la inclusión de más de medio millón de nuevos hogares en pobreza extrema y moderada, así como a trabajadores por cuenta propia en riesgo de caer en pobreza.
Esta asistencia permite que las familias adquieran alimentos y productos de primera necesidad, mitigando los efectos de la crisis sobre sus medios de vida; cuando más lo requieren. “No obstante, si bien estas decisiones son encomiables para atender a la población que más sufrirá los efectos socioeconómicos de las medidas necesarias para la contención del contagio, todavía no se advierte un foco específico en la población infantil y juvenil con condición de discapacidad, sobre todo para aquella con una discapacidad severa”, aporta Gerardo Escaroz, Especialista de Política Social de UNICEF en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Por ello, UNICEF ha emprendido una respuesta de apoyo al Gobierno dominicano para la ampliación focalizada del programa nacional de transferencias monetarias a 2,700 familias con niños y niñas con discapacidad (alrededor de 8,640 personas directa o indirectamente beneficiadas), utilizando el mecanismo de pago regular del sistema de protección social. Esta transferencia es de tipo temporal, sin condicionalidades, y es acompañada por el envío de mensajes de texto a las familias con información acerca de la red de comercios donde puedan comprar alimentos y otros productos básicos.
Además, el organismo espera que, pasada la emergencia, las familias beneficiadas mediante esta intervención puedan ser reevaluadas con la intención de formar parte de manera estable de aportes específicos del programa regular de transferencias monetarias, tal como el Gobierno estaba analizando.
“Hemos asumido esta emergencia con gran responsabilidad, trabajando día a día para dar respuestas inmediatas a las necesidades que presentan los niños niñas y adolescentes, así como el personal de salud, y las personas afectadas por el COVID, y entendemos que acciones como las mencionadas, en el mediano plazo, puedan encaminarnos hacia un mayor cumplimiento de derechos de los niños con discapacidad, y a construir una protección social cada vez más inclusiva”, agregó Rosa Elcarte, Representante de UNICEF.
