La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) dijo que el mejoramiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social solo será posible mediante un proceso de reflexión conjunta de los sectores involucrados, en un diálogo de buena voluntad, por encima de intereses particulares y coyunturales.
Entiende que pasadas las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio próximo y fuera de la inmediatez que marca el período electoral, “la ADAFP hace suyo el compromiso de esta cita, con la esperanza y la confianza de que primarán la buena fe y el compromiso de las partes para mejorar la calidad de vida de los trabajadores dominicanos y contribuir con la estabilidad económica del país”.
Estas declaraciones fueron emitidas después de que el pasado viernes 12 de junio, la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura el proyecto de ley que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.
Ante este panorama, la ADAFP reiteró su rechazo a dicho proyecto y hace un llamado a la reflexión y a la sensatez a todos los sectores de la vida nacional.
Según el documento, algunos de los principales efectos negativos que implica seguir adelante con ese proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional son:
Los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados. Por lo tanto, el adelanto de un 30% de esos fondos los trabajadores estarían asumiendo con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el COVID-19, “cuando ese es un deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados COVID-19 por RD$40 mil millones”.
A través del documento, ADAFP señala, además, que en razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y debilitando la moneda local, el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente: primero, por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y, además, por las implicaciones que la operación tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro.
Resaltan que como señala el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico.
También, aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocaría altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares de menores ingresos.
Indica que estas consecuencias negativas también han sido advertidas por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones (Sipen), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sindicatos, los partidos políticos mayoritarios, y expertos en economía y pensiones de nuestro país y el extranjero.
Proyecto de ley
En su comunicado, la ADAFP explica que, como ha sido concebido, “el proyecto de ley es inviable por múltiples razones”. Estas van desde la logística que exige la entrega de más de RD$175 mil millones a los trabajadores en un plazo de diez días, hasta la gestión de esos fondos, imposibles de conseguir a través de la venta de títulos al Banco Central o a los bancos comerciales, debido a la cuantía de los mismos, a lo que se agrega el efecto adverso en la economía nacional.
Advierte que en el caso de que estos sean vendidos en el mercado internacional, hay que señalar que en el momento actual estos tendrían que venderse muy por debajo de su valor, resultando una operación onerosa para los trabajadores.
“Dada la obvia inviabilidad de este proyecto de ley, no es prudente alimentar expectativas que puedan crear frustración y crispación social en un segmento de la población”, cita el documento.
Agrega que el Sistema Dominicano de Seguridad Social es una de las principales conquistas de la sociedad dominicana contemporánea. “Su creación fue posible gracias al diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado”.
