Redacción NDigital
Santo Domingo
El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, reveló que esa entidad está haciendo consultas legales, para determinar si hay ilegalidad o no en los beneficios recibidos por pasados funcionarios del Banco de Reservas, como por ejemplo su ex administrador, Simón Lizardo.
“Yo entiendo que el nuevo Consejo de Administración debería esperar… vamos a poner en manos de abogados que nos digan si de acuerdo a la ley de regulación salarial se puede pagar esas millonadas que se pagan a los directivos del consejo de administración del Banco de Reservas”, dijo el ministro.
Informó que se hará un levantamiento, en base al cual se le recomendarán a las instituciones la cantidad de empleados con que deben funcionar, en base a las operaciones y tareas que realizan.
Indicó que se encontrar una ilegalidad, el MAP enviará una sugerencia a la entidad para ajusten los salarios a la ley.
Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el programa ¿Y tú… qué dices? De Acento TV.
Dijo que en esta gestión solo se van a despedir a los que no trabajan “todo el que no trabaja y cobra en el Gobierno será desvinculado de la administración pública”, acotó.
Consideró que debe revisarse la ley de salarios, actualizarla y modernizarla, pero que mientras tanto hay que aplicarla.
Calificó como error del Congreso haber fijado sueldos ya que estos son dinámicos, lo que debió fue establecerse fueron escalas salariales revisables.
Como resultado del desempeño del Banco de Reservas en los últimos 8 meses, enero-agosto, el Administrador saliente de la entidad financiera recibió un bono especial de salida de RD$ 110 millones, tomando en cuenta los resultados positivos y las ganancias obtenidas en el último año.
Simón Lizardo decidió, por su propia iniciativa, dejar a la consideración del Consejo de Administración que designó el presidente Luis Abinader y que se instaló esta semana, la ratificación o uno de la pensión que le correspondería de RD$ 999 mil mensuales, y que tradicionalmente corresponde a los administradores cuando cesan en sus funciones, como ha ocurrido con Daniel Toribio Marmolejos, Vicente Bengoa Albizu y Enrique Ramirez Paniagua.
