Managua, EFE.- La Unidad Médica Nicaragüense, un grupo de médicos críticos del Gobierno, denunció este miércoles que el Ejecutivo tiene una “política de represión” y “vigilancia extrema” contra los doctores para evitar que se filtren datos “reales” sobre la pandemia de la COVID-19.
“Hay una política de represión, de vigilancia extrema, sobre el gremio médico independiente, en hospitales, en centros de salud, y a nivel general, para evitar que se dé la información real de la cantidad de casos y muertes por coronavirus”, dijo el líder de la Unidad Médica Nicaragüense, José Luis Borge, en una denuncia pública a través del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington.
Las cifras sobre la pandemia son motivo de discusiones en Nicaragua, ya que el Ministerio de Salud reporta 144 muertos y 4.818 casos confirmados, en cambio el Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la emergencia sanitaria, ha contado 2.699 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 10.121 casos sospechosos.
Según la Unidad Médica Nicaragüense, compuesta por doctores críticos al Gobierno de Daniel Ortega, la estrategia del Ejecutivo aparentemente consiste en “favorecer el contagio y promover las aglomeraciones, donde es más fácil la transmisibilidad del virus”, con base en los llamados de la Presidencia a que la gente concurra a actividades masivas que programa cada semana.
Borge, que ha denunciado sufrir “asedio policial” en las afueras de su vivienda, dijo que también hay persecución y presión contra los galenos.
MÉDICOS PRESIONADOS
“Se ejerce también la presión sobre los médicos y trabajadores de la salud, también con persecución policial en las calles, detenciones arbitrarias para revisar vehículos en busca de lo que llaman ellos ‘materiales subversivos’, como son las banderas de Nicaragua”, señaló Borge.
El cirujano también se quejó de la “violación a los derechos humanos, libertad de expresión, libre movilidad, que se está ejerciendo sobre los médicos, fundamentalmente, y los trabajadores de la salud”.
La denuncia fue divulgada horas después de que la Policía de Nicaragua capturara al médico patólogo Erick Barberena e intentara detener a su esposa, la médico forense Julia González, pero al no encontrarla en su casa arrestó a un hijo de ambos, tras una protesta contra Ortega, según denunció la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Entre mediados de marzo y agosto pasado, al menos 104 médicos y trabajadores de la salud han fallecido en Nicaragua a causa de la COVID-19, según el gremio.
Hasta junio pasado, al menos 16 médicos habían sido despedidos de hospitales públicos sin explicaciones, tras reclamar equipos de bioseguridad y recomendar medidas de prevención nacional.
El Gobierno de Nicaragua ha recibido críticas por el manejo de la pandemia de organismos que dan seguimiento a los temas de salud y los derechos humanos.
