El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD), Milton Ray Guevara, afirmó que la pandemia de COVID-19 no solo ha representado un desafío para la salud pública o la economía, sino también a la propia garantía de la justicia constitucional por la suspensión del modelo de justicia presencial ante el riesgo de concurrir a un tribunal a presentar una demanda o presentarse a una audiencia pública ante un juez.
El magistrado mencionó los principales desafíos de la pandemia al control jurisdiccional de constitucionalidad en la República Dominicana, citando, entre ellos, el cierre de los tribunales y la suspensión del cómputo de los plazos, ante la imposibilidad de salir de los hogares por la cuarentena obligatoria y el modelo de justicia presencial que está señalado constitucional o legalmente en la República Dominicana, al igual que muchos países latinoamericanos.
“Ojalá aprendamos la lección y que las terribles consecuencias del presente sirvan para impulsar un mundo más justo y solidario, en que la crisis sanitaria no ahonde las injusticias y las diferencias entre países ricos y países pobres”, subrayó el presidente del TCRD.
Ray Guevara habló sobre este tema al participar como panelista en la segunda jornada de la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada virtualmente en Colombia, con el título “La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción”,
El magistrado Ray Guevara fue uno de los participantes del cuarto eje temático, en el que, junto a los presidentes de las salas constitucionales de Argentina, Guatemala, Portugal y Uruguay, abordó aspectos de los desafíos del control jurisdiccional de la constitucionalidad a propósito de la declaratoria de estado de emergencia.
En el evento internacional, que contó con la asistencia de los presidentes y vicepresidentes de las salas constitucionales de Iberoamérica, también participó como panelista en una de las mesas de diálogo el primer sustituto del presidente del TCRD, magistrado Rafael Díaz Filpo.
Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia y secretario pro tempore de la conferencia, magistrado Alberto Rojas Ríos, dirigió unas palabras de felicitación “a nuestro buen amigo, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, honorable juez Milton Ray Guevara, por su disposición de albergar en su bello país, República Dominicana, la XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional”.
En su intervención, el magistrado Ray Guevara señaló también otros desafíos relacionados con el principio de separación de poderes, el sistema electoral y la participación política, además de los retos asociados al impacto colateral de la pandemia sobre algunos derechos fundamentales.
“La nueva normalidad que se construirá en el futuro debe tener en cuenta, además el impacto que sobre la niñez, la vejez, la mujer y la familia ha tenido la pandemia. Las constituciones deberán contemplar normas orientadoras para las políticas públicas en provecho de todos los sectores vulnerables, particularmente relacionados con metas, prioridades y asignaciones presupuestarias en el sector salud”, sostuvo Ray Guevara.
Magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente
El magistrado Rafael Díaz Filpo, quien fue uno de los panelistas en la mesa “Diálogo jurisprudencial”, hizo un análisis jurisprudencial de la sentencia TC/305/2014 sobre los órganos extrapoder en el diseño del Estado constitucional de derecho.
El juez del TCRD participó en esta mesa con los vicepresidentes de las cortes y tribunales constitucionales de Argentina, Guatemala, Portugal y Uruguay, quienes también analizaron jurisprudencias de sus respectivos tribunales relacionadas con diseño del Estado constitucional.
El magistrado Díaz Filpo sostuvo que “la Constitución de la República Dominicana, adoptada el 26 de enero 2010 y reformada en el año 2015, contiene una distribución funcional del poder que renueva la estructura política de régimen de gobierno presidencial en aras de impulsar el Estado social y democrático de derecho”.
Expresó que “la autonomía e independencia de los órganos extrapoder no es absoluta. Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado”.
“El TC, al decidir en torno a este asunto, inicia estableciendo y desarrollando la amplitud de la autonomía con que cuentan los órganos denominados extrapoder, que implica contar con competencias que materializan tal autonomía e independencia, sin interferencias de ningún otro órgano o poder”, agregó.
Explicó que en la sentencia TC/0315/14, el TCRD concluye que, en base a los principios de autonomía presupuestaria y de la separación de poderes, el control interno de la actuación administrativa y financiera de los órganos de autonomía de origen constitucional corresponde a estos propios órganos.
La intervención de los magistrados dominicanos se produjo este viernes 25 en la segunda jornada del evento. Las ponencias fueron transmitidas en vivo a través de distintas plataformas digitales, en las que se registró la participación de más de 37 000 personas, especialmente juristas de la región iberoamericana.
