En medio de investigaciones por supuestas irregularidades en torno a la contratación para la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos por parte del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, Moisés Linares, gerente general de RJC Clear, empresa propiedad del estelar pelotero, Robinson Canó, afirmó que la compañía participó en un proceso de licitación abierta en el cual cumplió con todos los requisitos.
Linares destacó, además, que la compañía generará más de 800 empleos y contribuirá a mantener la limpieza de la provincia del atleta.
Manifestó que la recolección de la basura es un tema trascendental para la salud y el bienestar de los ciudadanos y que Canó, interesado en que su comunidad natal recobrara su esplendor, fundó esta empresa, constituida con principios de cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales.
“Canó es un hombre que siempre se ha caracterizado por su humildad, por buscar soluciones, contribuir a las causas más nobles de su gente ¿y qué mejor manera de hacerlo que en la comunidad que lo vio nacer, en San Pedro de Macorís?”, ponderó.
El gerente general de RJC Clear especificó que, con esa visión social, Robinson Canó ya ha realizado una inversión de más de 2 mil millones de dólares en modernos equipos para realizar esta labor con eficiencia y efectividad, dando a los munícipes un servicio de calidad.
“Nuestra empresa tiene 100 contenedores bimetálicos de 3,200 litros; 20 camiones compactadores entre Mercedes Benz e International McNeilus. Y cabe destacar que de estos equipos, hay dos que son Rotopress de la nueva tecnología en el manejo de compactación de residuos sólidos”, expuso.
Linares reveló que dentro de los 20 camiones que estarán al servicio del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para la recogida de basura hay un camión barredora único en el país y un camión de carga lateral que se utiliza para movilizar los contenedores sin interrumpir el tránsito.
Puntualizó que esta inversión corresponde solo a la primera etapa y que esta acción es tan solo una de las muchas que estará realizando Robinson Canó en aras de contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Enfatizó que RJC Clear cuenta con un personal técnico del más alto nivel en la materia, abarcando especialistas en Reciclaje, Recolección de Residuos, Planificación Urbana, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, Cambio Climático, Obras Civiles y Sanitarias, entre otras ramas.
Afirmó que los técnicos, con amplia experiencia acumulada, junto al equipo administrativo “conforman un staff de clase mundial”. Mencionó a Waldo Eladio Ramírez, director de Operaciones; Johanna Santana, directora de Planificación y Proyectos, su propio caso como gerente general de la empresa y Charly Canó, gerente administrativo, quien es tío y persona de la plena confianza del pelotero.
Dijo que todos los camiones, así como la visión y metodología de trabajo de RJC Clear, son cónsonos con la nueva Ley General 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada a finales del año pasado en el Congreso Nacional, que tiene por objeto “prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de los residuos”.
Detalló que la legislación también procura regular los sistemas de recolección, transporte y barrido, los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización con la finalidad de cuidar el medio ambiente, proteger la salud de la población y disminuir la generación de gases de efecto invernadero.
RJC Clear está siendo investigada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). El órgano rector informó que en el marco del monitoreo preventivo, iniciado en enero pasado, se observaron irregularidades preliminares en el pliego de condiciones del procedimiento de urgencia AYUNTAMIENTO SAN P.-MAE-PEUR-2021-0001, así como en su ejecución, en el cual resultó adjudicataria la empresa, constituida hace apenas cinco meses, cuando el pliego de condiciones exigía una experiencia de más de siete años, lo que unido a las alertas recibidas, ameritan una investigación más profunda para identificar potenciales violaciones a la ley y determinar las consecuencias jurídicas de cara al procedimiento de urgencia celebrado.
De igual manera, se verificaron plazos no razonables en todas las etapas del proceso, a partir de la recepción de ofertas, ya que las fases subsiguientes transcurren en el mismo día y con una diferencia de minutos, contrario a lo que establecen los principios de eficiencia y razonabilidad contenidos en los numerales 1 y 9 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.
Antecedentes
Con este caso, se eleva a tres el número de alcaldías, en cuyas contrataciones para la recogida de basura, el órgano rector ha identificado, preliminarmente, inobservancias a la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, lo que ha obligado a abrir investigaciones desde el mes de agosto a la fecha.
En noviembre pasado, la DGCP abrió un proceso de investigación en torno al contrato suscrito por el Ayuntamiento Municipal de La Romana con la empresa Urbaluz S.R.L., al recibir denuncias de que se había realizado mediante una contratación directa en vez de convocar a un proceso competitivo.
Ese mismo mes, hizo lo propio con relación al procedimiento de excepción por urgencia llevado a cabo por el Ayuntamiento de Boca Chica, el cual presuntamente fue llevado a cabo sin cumplir con requisitos esenciales que la Ley de Compras exige para este tipo de procedimiento.
En reuniones sostenidas con alcaldes y directivos de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el director de la DGCP, Carlos Pimentel, ha insistido en la necesidad de que la contratación de empresas prestadoras del servicio de recogida de desechos sólidos se realice con apego a la legalidad, en un marco de transparencia, competitividad, economía y responsabilidad.
