El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplirá este martes dos años de mandato en medio de una tensa situación por la destitución de los magistrados constitucionalistas y del fiscal general por parte del Congreso, una decisión apoyada por el mandatario y que supone para varios sectores una concentración del poder en su figura.
Bukele llegó al Ejecutivo en junio de 2019 de la mano de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con lo que rompió con tres décadas de Gobiernos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Enfrentamientos
Parte de los dos años de la Administración de Bukele se vieron marcados principalmente por los constantes enfrentamientos con la pasada legislatura de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), incluso en medio de la pandemia.
En este tiempo una de las acciones de Bukele que fue fuertemente criticada se dio el 9 de enero de 2020, cuando el mandatario ingresó al hemiciclo del Parlamento escoltado por soldados y policías armados con fusiles de asalto.
Los diputados opositores, que en ese momento eran mayoría en el órgano Legislativo, denunciaron un intento de “golpe de Estado”.
Las tensiones no disminuyeron hasta el final de la legislatura 2018-2021, a inicios de mayo, cuando tomó posesión el nuevo Congreso con una amplía mayoría de los partidos afines a Bukele.
Las confrontaciones se trasladaron contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por una serie de fallos que el mandatario criticó porque, a su juicio, le restaban facultades.
El 9 de agosto de 2020, Bukele dijo en una cadena nacional de medios que, “si fuera de verdad un dictador”, hubiese “fusilado” a los magistrados constitucionalista por declarar inconstitucionales los decretos emitidos durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
En estos mimos fallos, casi 9 meses después, se basó la Asamblea Legislativa para votar por la destitución de los magistrados y por la elección de unos nuevos, en un proceso señalado de inconstitucional por diversos sectores.
La comunidad internacional criticó la medida de los partidos afines a Bukele, GANA, Nuevas Ideas (NI), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), y advirtió que era un golpe a la separación de poderes e independencia judicial.
La mayoría de las personas nombradas para ocupar estos cargos, además de la Fiscalía, fueron asesores del Gobierno o abogados de altos funcionarios.
Estados Unidos y la Unión Europea han abogado para que se revierta esta situación, pero Bukele ha asegurado que es “irreversible”, pese a que esa decisión no está entre sus facultades.
Gestión
A pesar de estas situaciones de constante tensión, la población salvadoreña revalidó su confianza a la gestión del mandatario en febrero pasado al darle a GANA y a NI 61 diputados de los 84 escaños, mientras que el 1 de mayo se concretó una nueva alianza con PDC y PCN para sumar 64 legisladores.
Las encuestas difundidas antes de las elecciones de febrero pasado mostraron una amplía aceptación de la población a la gestión de Bukele.
Los sondeos del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia y del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) le daban notas al mandatario, en una escala de 0 al 10, de 8,87 y 8,3, respectivamente.
Se espera que Bukele asista el martes a la Asamblea Legislativa a informar sobre su segundo año de gestión y esta sería la primera vez que lo hace, dado que suspendió este discurso en su primer año de mandato.
