El especialista en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, consideró que la inmunidad no puede operar como un canal para garantizar impunidad personal.
Estos planteamientos son expuestos ante el caso de la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, quien no fue incluida en el expediente sobre presunta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, de la cual presuntamente forma parte su esposo Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, pese a que es señalada en el expediente como miembro activa de la organización
Explicó que cuando un legislador comete un ilícito penal, su condición no lo protege de ir a la cárcel.
Durante una entrevista en el programa Nuria Investigación Periodística, precisó que la inmunidad no fue concebida como un privilegio para los legisladores, sino para el adecuado funcionamiento del Parlamento, contribuyendo a evitar una práctica que se producía en la antigüedad en la que si se quería alterar la composición de una cámara para orientar una votación de importancia en un determinado sentido, varios legisladores eran apresados.
“La Constitución no prevé la inmunidad de investigación ni la inmunidad de proceso. Lo único que prevé es la inmunidad de frente a la eventualidad de la privación de libertad. Por tanto, cualquier legislador puede ser sometido a investigación y puede ser sometido a juicio”, sostuvo.
En cambio, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, planteó que “hay que esperar es el desarrollo de esos acontecimientos” y agregó que “si la diputada estuviese imputada el Consejo de Disciplina tendría que ver cuáles son los pasos a dar, pero no es un caso que le atañe directamente a la diputada”.
Asimismo, Sandro Sánchez, presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, consideró que “la diputada goza en estos momentos de lo que es la independencia y la presunción de inocencia de cualquier tipo de acusación que se le pudiera hacer”.
En similares términos, se expresaron otros miembros de la banca del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como Bertico Santana, quien dijo que la situación “la tiene su esposo, pero ella no, para hacerle una acusación de esa manera como se la están haciendo pero me gustaría más que todo, que se le diera curso al proceso y las investigaciones arrojen a la luz la verdad de los hechos”.
Amado Díaz, diputado por Santo Domingo Este del PRM, manifestó: “Esperamos que de ser cierto lo que se plantea, porque es una investigación aparentemente incierne, que apenas empieza, ella puede demostrar que todo lo que se dice ahí es falso. En los asuntos internos del partido ella ha dicho que no tiene nada que ver con eso”.
Eugenio Cedeño, diputado por La Romana del PRM, señaló que “la justicia no es vendetta y la Procuraduría, si tiene algo en contra de ella, en contra de mí, o en contra de cualquiera, debe tener la suficiente responsabilidad e instrumentar un expediente y someterlo a la justicia y no estar levantando rumores que pueden ser fundados o como pueden ser infundados. Entiendo que es un tema muy serio. Se está hablando de la honra de una persona”. Mientras, Melania Salvador, senadora por la provincia Bahoruco, dijo que “la escuchaba a ella (Rosa Amalia Pilarte) decir que su familia y ella tienen una vida de trabajo. Entiendo que lo más importante y lo pertinente sería que la justicia investigue a fondo y que los resultados que arroje esa investigación, entonces se apliquen”.
La acusación y solicitud de apertura a juicio presentada contra el esposo de la diputada, sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte; su hermana, Ada María Pilarte de Inoa y José Antonio Román tiene como antecedente el allanamiento a una vivienda, ubicada en el Residencial Don Percio, en La Vega, el 2 de marzo de 2019, debido a que o la Fiscalía de La Vega y la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) recibieron las informaciones de que allí operaba un centro de elaboración, almacenamiento y despacho de drogas.
Esa investigación dio al traste con la ocupación de más de 100 mil pastillas de éxtasis. En esa vivienda, se encontraba Hilda Cristina Abreu López, quien recibía órdenes de Pablo Martínez Javier para la realización de transacciones financieras y la entrega de las sustancias, bajo la jerga criminal “botones blancos y botones rosados”, según lo comprobado por el Ministerio Público, mediante mensajes de Whatsapp.
Se recuerda que el Ministerio Público de La Vega solicitó al pleno de la Suprema Corte de Justicia la declinatoria sobre el caso, señalando que no le garantizan seguridad jurídica. El pedido fue hecho por la procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, y el titular de la Procuraduría Especializada Antilavado y Financiamiento al Terrorismo, Luis González, quienes, además, solicitaron que el caso sea conocido en otra jurisdicción, que no sea La Vega, para que se cumpla el debido proceso de Ley y la tutela judicial efectiva.
