Haití, el país que muestra que siempre se puede estar peor y el rol del chavismo en la última crisis

Una vez más, tiembla Haití. El país más pobre de América está hundido en una nueva crisis que puso en jaque al débil gobierno de Jovenel Moïse.

Desde hace un mes se repiten protestas masivas, que en muchos casos terminaron en enfrentamientos con una Policía sin demasiados reparos para reprimir brutalmente. Al menos nueve personas murieron en el marco de una ola de violencia que incluyó bloqueos de calles, saqueos y hasta la fuga de todos los presos de una cárcel en Aquin.

Esta vez la causa no es un desastre natural, aunque nada de lo que pasa en Haití puede desvincularse de catástrofes pasadas de las que nunca llega a recuperarse. El disparador es un cóctel muy conocido en la región: una economía en rojo y corrupción política generalizada.

Pero hay un invitado especial en la trama: Venezuela. Las movilizaciones opositoras comenzaron tras la difusión de un informe que reveló la malversación de una suma millonaria, proveniente de la participación de Haití en Petrocaribe.

La alianza fue fundada por Hugo Chávez en 2005, en el marco del plan para expandir su influencia sobre América Latina. Durante más de una década, Venezuela vendió miles de millones de barriles de petróleo a precios subsidiados —o a cambio de bienes y servicios— a casi todos los países de Centroamérica y del Caribe.

“Petrocaribe implicó comprar petróleo a precio muy bajo e intereses prácticamente inexistentes. Además, en 2010 Venezuela le condonó una deuda de 4.000 millones de dólares. Esto se tradujo en un subsidio al precio de los combustibles para el consumo del pueblo haitiano”, contó a Infobae el sociólogo José Manuel Ferreiro, doctor en lingüística por la Universidad de Lancaster.

Haití creó un fondo especial con los recursos excedentes a los que accedió gracias al programa. Supuestamente, estaba destinado a obras de infraestructura y a fines sociales. Pero sucesivas investigaciones comprobaron que buena parte de ese dinero terminó siendo desviado.

“Difícilmente se pueda decir que la crisis es nueva o sin precedentes. Esta turbulencia es apenas la más reciente manifestación de la frustración con los oligarcas y las elites. Los haitianos enfrentan dificultades desde hace décadas para consolidar su democracia. El grito que recorre las calles de Puerto Príncipe, ‘Kot kòb petwo karibe a?’ (¿dónde está el dinero de Petrocaribe?), busca llamar la atención sobre los 2.000 millones de dólares que desaparecieron. Pero, aunque el foco esté puesto ahora sobre esos fondos, las causas subyacentes son la corrupción y la ilegitimidad de los líderes del país”, explicó Robert Muggah, cofundador y director de investigaciones del Instituto Igarapé, en diálogo con Infobae.

Un país que se habituó a las crisis

Haití fue una de las primeras naciones de América en declarar su independencia. Fue en 1804, tras el triunfo de una larga e inédita revolución de esclavos contra los colonizadores franceses. Sin embargo, a pesar de ser un país pionero en muchos sentidos, nunca pudo establecer un Estado plenamente operativo ni una economía funcional.

Con un PIB per cápita de 893 dólares, ocupa el puesto 32 de 32 en América Latina y el Caribe. Tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la región (0,498) y está 168 sobre 189 países en el mundo. Según el Banco Mundial, el 59% de la población es pobre.

El siglo XX hatiano estuvo marcado por la demencial dictadura de François Papa DocDuvalier y su hijo Jean-Claude Baby Doc, que se adueñaron del estado entre 1957 y 1986. Lo que vino después fue una larga sucesión de gobiernos democráticos, interrumpidos por golpes militares.

Recién con la llegada de René Préval a la presidencia en 2006 se inauguró un período de 13 años consecutivos de democracia. Michel Martelly sucedió a Préval en 2011 y en 2017 asumió Moïse, tras un gobierno provisional en 2016.

En medio de este período de relativa calma política, sufrió la peor catástrofe de su historia. El martes 12 de enero de 2010 un terremoto de 7 grados de magnitud hizo colapsar a la mitad oeste de la isla La Española. Más de 300.000 personas murieron y 1.5 millón se quedaron sin casa.

Cientos de miles fueron trasladadas a campamentos improvisados —muchos siguen instalados allí—, y Puerto Príncipe quedó parcialmente destruida. Desde ese momento, el país entró en un círculo vicioso de dependencia de la ayuda humanitaria provista por la comunidad internacional, que también tuvo que enviar sucesivas misiones de paz para establecer cierto orden en medio del caos.

Con ese trasfondo, basta una chispa para que todo explote. El fin de la bonanza venezolana, que disminuyó drásticamente los envíos de petróleo, provocó escasez de combustible, que a su vez causó grandes cortes en el suministro eléctrico. La economía aceleró su deterioro.

“El FMI le prestó dinero a Haití a cambio de que el gobierno terminara con el subsidio a los combustibles, que significaban un alivio económico para el pueblo —dijo Ferreiro—. Eso también alimentó las protestas. Adicionalmente, las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela perjudicaron el envío de petróleo subsidiado”.

El entonces primer ministro Jack Guy Lafontant intentó subir el precio de la gasolina en julio de 2018. Pero desató una serie de protestas y disturbios, que terminaron con siete muertos, y que lo forzaron a renunciar. Fue el preludio de la crisis actual.

“Sin apoyo popular, los líderes de Haití gobiernan a través de un sistema de patronazgo, que desvía recursos públicos hacia quienes los apoyan. Esto ha causado grandes problemas económicos: déficit fiscal récord, inflación de dos dígitos desde hace años, y devaluación del 50% del gourde, la moneda local. Millones de personas que vivían al borde de la desesperación cayeron por el precipicio. Hay familias que no pueden comer, mandar a sus hijos a la escuela ni acceder a una salud básica. Es el resultado de décadas de pobreza, desigualdad y socavamiento de los derechos humanos por parte de las elites hatianas y de la comunidad internacional”, sostuvo Beatrice Lindstrom, directora legal del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, consultada por Infobae.

La investigación que acecha a toda la clase política

La Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado de Haití presentó en agosto de 2016 un informe sobre el uso de los fondos de Petrocaribe. Según sus estimaciones, entre 2008 y 2016, entraron al país 3.833 millones de dólares por las operaciones realizadas con el petróleo venezolano. La documentación demostró que sólo una parte fue efectivamente destinada a obras, pero el resto se desvaneció, casi sin dejar rastros.

Tras algunas discusiones entre los senadores, que llevaron a realizar un nuevo reporte al año siguiente, la comisión acusó a 14 ex funcionarios de alto rango por el presunto desfalco. Entre ellos, el ex presidente Michel Martelly. Por los montos bajo observación, es el mayor escándalo de corrupción en la historia hatiana.

El Senado remitió en 2018 el informe al Tribunal de Cuentas, para que realice una investigación en profundidad sobre lo que pasó con el dinero. En agosto, cuando el clima político seguía en ebullición por la fallida suba de los combustibles, el cineasta Gilbert Mirambeau lanzó una campaña en las redes sociales con el hashtag #PetrocaribeChallenge, para exigir Justicia.

Así empezó a gestarse un nuevo movimiento de protesta, que se estrenó días más tarde, con una masiva sentada en la sede del Tribunal de Cuentas. En las semanas siguientes, miles de personas volvieron a manifestarse. Nuevamente se produjeron disturbios, saqueos y choques con la Policía, que dejaron varias víctimas fatales.

“El Gobierno trató de salir del aprieto disparando —dijo Lindstrom—. El hecho más notable fue la ‘masacre de La Saline’ (barrio de Puerto Príncipe), el 13 de noviembre. La Policía y pandillas aliadas al oficialismo atacaron a un vecindario políticamente activo antes de las manifestaciones que estaban planeadas para el 18. Según algunos reportes mataron a más de 70 personas”.

Las movilizaciones se fueron diluyendo hacia fin de año. Pero el Tribunal presentó este 1 de febrero un reporte parcial de su pesquisa con algunas conclusiones explosivas. Además de confirmar el desvío de al menos 2.000 millones de dólares, y de imputar a funcionarios de la administración pasada y de la actual, reveló que una empresa dirigida por Moïse antes de ser presidente estaba entre las que habían recibido fondos a cambio de obras que no se concretaron.

La indignación fue generalizada y el estallido fue ahora mucho mayor a los anteriores. Los manifestantes no sólo reclaman Justicia, piden la renuncia de Moïse, que busca aferrarse al cargo con una combinación de represión y llamados al diálogo.

Un presidente con futuro incierto

Jovenel Moïse se hizo conocido como empresario bananero. A pesar de no tener experiencia política, ingresó al círculo de confianza de Martelly durante su presidencia. Inesperadamente para muchos, en 2015 lo propuso como candidato a sucederlo por el Partido Haitiano Tèt Kale.

Visto como alguien ajeno a la partidocracia, sedujo un poco a una parte del electorado ávida de un rostro nuevo en la política hatiana. Y, como nació en la pequeña comuna de Trou-du-Nord, pudo generar cierta empatía con los sectores rurales de menores recursos. Pero nunca llegó a ser una figura verdaderamente popular.

Ganó las elecciones de octubre de 2015 con el 32% de los votos. Pero Jude Célestin, que salió segundo con un 25%, denunció que hubo fraude y no reconoció los resultados. La convulsión social fue tan grande que se creó una comisión investigadora. Meses después, el ente confirmó las irregularidades y recomendó repetir los comicios.

“En 2016 hicimos una encuesta —contó Muggah—. Cuando preguntamos a los ciudadanos qué candidato preferían, el 91% respondió Célestin, un ingeniero socialmente progresista, pero políticamente moderado, que era popular entre las distintas clases sociales. Pero apenas un 3% de los 1.766 adultos que entrevistamos dijo que planeaba votar. Un 25% decía que el proceso estaba empañado por la corrupción, otros no estaban convencidos de que los comicios fueran a ser libres y justos”.

Moïse volvió a ganar el 20 de noviembre de 2016, con una diferencia mucho más clara: obtuvo 55% frente a 19% de Célestin. El proceso volvió a estar atravesado por controversias de todo tipo, pero el empresario fue finalmente declarado presidente y asumió el 7 de febrero de 2017. Un dato crucial para entender su precaria legitimidad es que participó apenas el 21% del padrón. Es decir que lo respaldó sólo el 11% de las personas habilitadas para sufragar.

“Como en las elecciones de 2015 —continuó Muggah—, hubo reportes de un masivo rellenado de urnas y planillas de votación fueron halladas en el piso el día siguiente. Si bien Moïse fue apoyado por los empresarios y por los países donantes que financiaron la votación y el presupuesto gubernamental, la mayoría de los hatianos rechazó el resultado y nunca lo vio como su legítimo líder. El millón o más de personas que están en la calle desde el verano pasado para pedir que renuncie no sólo están motivadas por su desagrado hacia él, sino por un profundo enojo con la democracia”.

La reacción del mandatario ante las protestas fue errática. Lo primero fue no hacer ni decir nada durante varios días. Al ver que no había manera de seguir callado, publicó un comunicado a través de Facebook en el que aseguró que no renunciaría ni dejaría al país en manos de criminales.

“Moïse respondió con silencio y con chivos expiatorios que reforzaron el reclamo de los manifestantes para que se vaya. Habiendo llegado al poder tras unas elecciones defectuosas y con baja participación, su presidencia estaba floja de papeles desde el comienzo, y es cada vez más claro que perdió su mandato”, dijo Lindstrom.

Como sus palabras solo sirvieron para avivar las llamas, cambió de estrategia y ofreció medidas de contención. Se comprometió a reducir el precio de los alimentos, a discutir un aumento del salario mínimo y a disminuir los gastos innecesarios de la administración pública.

Por otro lado, hizo un llamado a la conciliación. Este martes inauguró el Comité de Facilitación del Diálogo Nacional Interhaitiano. “Salvaremos a Haití cuando tengamos un diálogo con sinceridad, en el que todos participen y pongan en primer lugar el interés colectivo”, dijo.

Pero pocos dan entidad a sus promesas. André Michel, líder del opositor Sector Democrático y Popular, que encabezó muchas de las movilizaciones, rechaza la negociación ofrecida por el gobierno y busca relanzar las protestas, que en los últimos días perdieron intensidad. Cualquier excusa puede ser suficiente para que las calles vuelvan a arder.