La comisión legal de Participación Ciudadana confirmó que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) recibe fondos del erario, por lo que asociaciones de abogados aseguran que la gestión del presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, debe ser auditada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
De acuerdo con Johnny Hiciano, vocero de las asociaciones de abogados y miembros del CARD que critican la gestión de Surún, indicó que el presidente del gremio ha evitado y obstaculizado a la CCRD para que no sea auditado.
El informe de la comisión legal del movimiento establece en la sentencia núm. TC/0163/13 que el CARD “es una corporación con fines públicos, que originalmente pertenecen al Estado, y que este, por delegación circunstanciada, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matriculación y el régimen disciplinario de todos los abogados de la República”.
Hiciano aseguró que, a pesar de que Surún Hernández no se ha dejado auditar, también ha denunciado que empleados del CARD figuren en la nómina pública, lo que viola la Ley de Función Pública.
El pasado 28 de julio, la Cámara de Diputados conoció el proyecto de resolución que instruye a la CCRD a realizar las auditorías aprobadas a las gestiones de Miguel Surún al frente del CARD.
El diputado Alfredo Pacheco, presidente de la cámara baja, presentó dicho proyecto en la sesión del pleno del hemiciclo celebrada el 27 de julio de 2021, como una iniciativa del diputado Luis Vargas, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de Azua, siendo enviado a estudio e informe de la comisión correspondiente.
Se recuerda que, diversos sectores de la abogacía nacional han estado solicitando a la CCRD que proceda a investigar el manejo financiero en el CARD, sobre la base de que su presidente ha manejado más de 700 millones de pesos sin rendir cuenta del uso dado esos fondos y presentando una férrea oposición a ser auditado por el órgano fiscalizador del Estado.
El diputado Vargas dijo que la Cámara de Cuentas tuvo que acudir hace varios meses a la Procuraduría General de la República a denunciar el desacato por parte de Surún, sin que hasta la fecha la magistrada Mirian Germán haya dado respuesta de forma efectiva a esta solicitud.
