El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, lamentó el incidente ocurrido en torno a la magistrada de esa corte Miriam Germán Brito, cuyo tema llevará a la próxima sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde emitirá su posición.
“Como presidente de la Suprema Corte de Justicia y respetuoso de la institucionalidad, lamento profundamente lo ocurrido, por lo que nuestra posición será planteada a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura”, señaló Germán Mejía en un comunicado.
En su turno de preguntas del pasado lunes, durante la evaluación a la magistrada, que fue transmitida por televisión, Rodríguez leyó dos cartas que, según dijo, le fueron enviadas de manera anónima, y en las que se cuestiona la legitimidad de un patrimonio de la jueza y se habla de supuestos encuentros con el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, implicado en el caso de los sobornos de Odebrecht.
El reglamento del CNM establece, sin embargo, que las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen.
En medio de las críticas al proceder del procurador, cuya destitución han pedido varias personalidades y organizaciones, un periodista reveló el miércoles que la Procuraduría intervino el teléfono de la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte.
Sin embargo, el procurador adjunto e inspector de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez Veloz, negó ese mismo día que ese organismo solicitara la intervención del teléfono de la magistrada.
Sánchez, aclaró, en rueda de prensa, que fue él y no el procurador general quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esa magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de Germán.
Por su lado, la jueza solicitó al CNM la recusación del procurador general del proceso de evaluación que se le sigue para ser ratificada o no en la SCJ.
