Por Mía Espinosa.- En los últimos tiempos en el país ha aumentado la venta de vehículos de manera informal, esto ha dado paso a la creación y crecimiento vertiginoso de una mafia que registra matrículas a nombre de personas sin su anuencia ni conocimiento.
A través de numerosas denuncias que llegaron a las oficinas de Nuria Investigación periodística quedó en evidencia esta práctica.
El acto de compra y venta de autos está supuesto a agotar un proceso que incluye el traspaso del vehículo, presentar el contrato de venta notarizado y legalizado con las informaciones del vendedor y comprador, la matrícula original, una certificación vigente emitida por el Plan Piloto que indique que el carro no es robado y copias de las cédulas de los involucrados en la transacción, al ser un proceso tan largo muchos optan por posponerlo y es donde las bandas criminales se aprovechan y ejecutan su plan.
Tal es el caso del periodista Samir Saba, a quien un nacional Venezolano se le acercó, con papeles en mano, para solicitarle el traspaso de un vehículo que según afirma, nunca tuvo.
“Me cuenta que tiene una matrícula de vehículo, porque había adquirido un auto que está a mi nombre y quería que yo hiciera el traspaso. Me lo encontré muy raro porque recientemente yo no había cambiado de vehículo… yo me negué en lo absoluto a firmar el traspaso porque cómo voy a hacer un traspaso de un auto que yo nunca he poseído. Sería legitimizar algo que no es legítimo”, explicó Saba.
Saba indicó que luego de buscar asesoría legal procedió a la elaboración de un documento en el que constaba que no era propietario del vehículo para su posterior depósito en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sin embargo, al acudir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el vehículo si se encontraba a su nombre.
“Efectivamente el vehículo está a mi nombre. Cuando le preguntó que cómo es posible. Me dicen mira no lo sé pero es probable que haya sucedido que se extrapolaran algunos datos porque hubo un momento en la DGII, entre los años 2003 o 2013, no recuerdo con precisión al año que me mencionó, que se extrapolaron datos y es posible que tú hayas sido víctima de ese proceso”, manifestó el periodista.
De acuerdo a las explicaciones, el adquiriente del vehículo, un Honda CIVIC 2005, habría hecho la compra luego de ver un anuncio publicado en la página web Market Place, relacionada a Facebook.
Otra víctima de esta “mafia” fue la también periodista Mirla Soto, quien para su sorpresa, recibió un acto de alguacil debido a que el vehículo que poseía estaba siendo investigado por robo.
“Fui a una feria de carros y dejé mi vehículo por el vehículo que tengo actualmente. Ya para junio de 2019, yo recibo un acto de alguacil en mi casa, diciendo que tenía que presentarme en el Plan Piloto porque el vehículo que yo tenía estaba siendo investigado por robo”, comentó Soto.
La periodista indica que acudió a un abogado y que este le recomendó ir a la DGII a requerir una certificación del vehículo antes de presentarse ante el juez, para su sorpresa, no figuraba como propietaria de su automóvil.
“La matrícula estaba falsificada porque habían dos vehículos que yo había vendido, supuestamente. Yo vendí uno pero aparecen dos vehículos con la misma matrícula y dos contratos de que Mirla lo había vendido”, expresó Soto.
Sobre estos casos el especialista en Derecho Civil, Francisco Álvarez, dijo que esta situación revela que existe una debilidad institucional en los trámites y que se utiliza la falsificación de documentos públicos que puede acarrear sanciones para quien las haya ejecutado.
Según estipula el artículo 2279 del Código Civil: “en materia de muebles, la posesión vale título”, pero los vehículos son la excepción a esta regla, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Art. 5.- “Certificado de registro de propiedad o matrícula: Documento oficial expedido por la institución competente bajo las disposiciones de esta ley, que determina el derecho de propiedad sobre un vehículo de motor o remolque, que certifica su inscripción en los registros legales”.
Estas situaciones podrían arrastrar problemas mayores a quienes figuran como propietarios y otros involucrados, pues la Ley 63-17 sobre responsabilidad civil por accidentes de tránsito, dispone que: “El conductor de un vehículo de motor y su propietario serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados con la conducción de un vehículo de motor”, o sea que tanto el conductor como el propietario objeto de señalamiento en caso de algún escenario que involucre el vehículo en cuestión.
Por ejemplo, Mirla Soto explicó que cuando acudió a la citación ante el juez, igualmente estaba el señor que compró el vehículo que supuestamente le había vendido al que figura en la matrícula y que él tampoco tenía conocimiento del vehículos ya que lo que posee es una motocicleta, de igual forma se encontraba un abogado notario, de quien falsificaron la firma para la venta.
Según el especialista en derecho civil, al observar estos casos, se evidencia un entramado que se beneficia de las ventas de autos de manera informal y de las debilidades institucionales que tienen los organismos competentes.
“El hecho de que eso esté sucediendo de manera reiterada y que haya muchos casos, demuestra que aparentemente hay una práctica concertada dentro de la administración que pudiera ser algo mucho más grande de lo que uno cree”, afirmó Francisco Álvarez.
¿Cómo prevenir ser víctima de la mafia?
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su página web permite verificar la cantidad de vehículos que posee una persona bajo su nombre, verificar estos datos de vez en cuando podría alertarle a tiempo al ciudadanos de cualquier irregularidad.
Además, Álvarez recomienda que en caso de visualizar en dicha página una posesión incorrecta de un vehículo, proceda inmediatamente a notificar a la DGII para la investigación de lugar y de esta forma liberarse de cualquier responsabilidad.
“Notificar que tiene un vehículo cargado a su nombre que no conoce y luego de eso hacerle esa denuncia a la DGII, para que la DGII haga una investigación interna y a raíz de eso o extirpe ese vehículo del roster de propiedad que tenga esa persona o esa persona tenga las herramientas para exigir eso de manera judicial”, indicó el especialista.
