La inseguridad ciudadana sigue estando presente dentro de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana, donde el 75% reporta que los principales tipos de crímenes que se dan en su comunidad se expresan en robos o atracos (29%), drogas (25%) y violencia intrafamiliar (21%).
Así lo revelan los resultados, principales a nivel nacional y regional, del diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia realizado por Participación Ciudadana y la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia durante los meses noviembre de 2020 a marzo 2021.
Los resultados de la encuesta arrojan retos importantes en derribar imaginarios sociales que legitiman la responsabilidad individual respecto a la inseguridad ciudadana y la violencia, como también las barreras que imposibilitan el impulso de demandas sobre reformas estructurales para caminar a la integralidad y enfoque de derechos en la seguridad ciudadana.
En tal sentido, este diagnóstico constituye un instrumento de trabajo para las autoridades que los ayudaría a definir procesos de diálogo con actores involucrados en materia de seguridad y violencia en los municipios de intervención de proyecto.
De acuerdo con los hallazgos en el estudio, siguen predominando en el imaginario respecto a las causas de la violencia, el consumo de alcohol y drogas (10%), familias disfuncionales y desintegración del núcleo familiar (10%) y falta de empleo (10%).
Asimismo, el reto de orientar los esfuerzos en sensibilizar a los-as beneficiarios-as en las zonas de intervención del proyecto sobre la necesidad de tomar acciones de incidencia orientadas a fortalecer la cogestión local y transparente de los recursos públicos destinados a la prevención de la violencia.
Señalan que solo 4% de los participantes en la encuesta identifica la transparencia en la utilización de recursos destinados a la prevención de la violencia como elemento causal, y el 8%, la falta de inversión en los barrios. La ausencia de este último elemento se reportó como el de menor incidencia en causa de la violencia y constituye una pieza clave en el fortalecimiento de estrategias comunitarias que, de la mano con las autoridades locales, fortifiquen procesos de participación y diálogo permanente.
De igual modo, existen importantes retos respecto a instituciones como la policía nacional, un 8% atribuye la causa de la violencia y a la inseguridad a poca o casi nula vigilancia policial, y a la par, coinciden al expresar que la Policía Nacional debe generar confianza en la población, ese mismo porcentaje entiende que debe fortalecer su capacidad preventiva y los órganos policiales municipales. Aunque para los participantes no fue prioridad continuar con la reforma de esta institución, las informaciones señalan que existe interés por que la relación de la Policía Nacional con las comunidades se base en la confianza, que se aumente la vigilancia y que desde esta institución se realicen acciones del abordaje preventivo de la violencia.
“La paradoja en este sentido es que, las demandas de la población requieren de una profunda evaluación y proceso integral de cambio en este organismo que las personas encuestadas no consideraron como prioritario”, señala como parte de las conclusiones del diagnóstico.
Por parte de la fiscalía, los resultados según regiones muestran un fuerte consenso respecto a velar por el cumplimiento de la ley, en la que tanto Ozama, Este y Cibao, coinciden en un 20%, seguido de este rol, actuar en defensa de los derechos fundamentales con un 17%, 17% y 19%, respectivamente. Esto nos indica que la población tiene nociones claras sobre las funciones de esta institución en relación con el acceso a la justicia y que identifican al cumplimiento del régimen de derecho como un principio que debe regir las acciones de las Fiscalías.
Esto es un reflejo de la demanda ciudadana de institucionalidad en el sector justicia. Como posibles soluciones reportadas por las personas encuestadas a los conflictos provenientes del crimen y la violencia, señalan la necesidad de un aumento de los valores como principal propuesta para responder a estos fenómenos, seguida de comunicación familiar y buena educación y creación de oportunidades para los jóvenes. La prevalencia de estas respuestas da cuenta de varios aspectos de interés.
Denota la persistencia de una mirada individual a los problemas sociales colectivos. Además, asignan responsabilidad principal a la familia sobre el crimen y la violencia, elemento que se corresponde también con el tipo de delitos señalados como principales en las comunidades (delitos contra las personas y el patrimonio), argumentan.
También, hace señalamientos directos a las poblaciones jóvenes como agentes que accionan de manera delictiva. Esto último, visibiliza un importante prejuicio sobre este segmento poblacional.
A modo general, los resultados indican oportunidades o puntos de partida para el abordaje de los imaginarios sobre la violencia y el crimen a nivel comunitario. Dentro de estos se pueden destacar:
1. Sensibilizar sobre las causas estructurales e institucionales de la violencia y promover una visión colectiva, integral e integrada para el abordaje de este fenómeno;
2. Derribar imaginarios que estigmatizan a los jóvenes como principales responsables de los delitos;
3. Visibilizar las diversas formas de la violencia y el crimen que afectan a la sociedad de manera estructural, por ejemplo, delitos contra la administración pública, de la seguridad vial, en la administración de justicia, violaciones de derechos de los trabajadores, entre otros.
