La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prohibición de concentraciones de personas, excepto las deportivas, artísticas y culturales. La nueva disposición de los legisladores salvadoreños establece que los que incumplan la medida podrían incurrir en “delito de desobediencia de particulares”.
La violación a la aprobación de los congresistas está contemplada en el artículos 338 del Código Penal de El Salvador, el cual establece una pena de 1 a 3 años de prisión y 50 y 100 días de multa para los que organicen o convoquen eventos sin el permiso del Ministerio de Salud Pública de ese país.
Según publica el portal El Salvador.com, para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, ordenar la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, implica “establecer de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país. Y todo para evitar las marchas contra la confiscación de los ahorros previsionales. En esencia, lo que busca el régimen corrupto y dictatorial es que no nos quejemos contra el escandaloso robo que se hará de nuestros ahorros”.
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, cuestionó la medida tildándola de “cobarde”, de una violación a la libre manifestación y a la libertad de expresión de la ciudadanía, algo que es “inconstitucional” pues se somete el derecho a manifestarse de la población a una “censura previa”, criticó Escobar.
El diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, explicó que el decreto es una clara evidencia de que para el gobierno existen “aglomeraciones favoritas y otras que les incomodan”.
