Luego de transcurrir casi dos meses de la destitución de Argentina de León Abreu, fue nombrada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto número 802–21, Teodora Mullix Geraldino como la nueva gobernadora de la provincia Samaná. A sus 50 años de edad ha tenido varios cargos como funcionaria pública, así como también se vio involucrada en un escándalo familiar que luego fue esclarecido.
Previo a su designación como gobernadora de la provincia Samaná, Geraldino dirigía el departamento financiero de la Contraloría General de la República, cargo del cual fue suspendida por un tiempo sin determinarse por vincularse a la circulación de un video sobre un familiar donde lanzaba acusaciones de presunta participación de ella en actos reñidos con la ley en una litis entre particulares.
La suspensión de sus labores se hizo efectiva el 26 de febrero de este 2021 y fue sustituido por Guillermo González Echenique, sin determinarse cuando fue nuevamente restituida en la posición.
Luego de que fuera suspendida de sus funciones, circularon tres documentos legales de Teodora Mullix Geraldino que certificaban que no existe ningún expediente penales que la incriminen.
Los documentos legales que circularon son del Ministerio Público, de la Dirección General de Prisiones y de la misma Contraloría.
Asimismo, a través del portal de Transparencia en el sitio web de la Contraloría General de la República, se constató que nunca dejó de estar en la nómina de la institución pese a la suspensión.
Se recuerda que el empresario Ernesto Santos denunció a través de un video temer por su vida y la de su familia luego de recibir una supuesta amenaza de muerte por parte de Mullix Geraldino.
En ese sentido, Santos hizo un llamado al presidente Luis Abinader, a la procuradora general, Miriam Germán, la procuradora adjunta Yeni Berenice y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para que intervengan en su caso.
Santos dijo en ese momento que temía por su vida luego de que Mullix Geraldino (o Mullix Lalane) lo amenazó diciéndole que “con medio millón de pesos yo te quito del medio”, a raíz de unos conflictos que estos tienen por el derecho de unos terrenos en Samaná desde el 2017.
