El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió unificar el expediente del asesinato del abogado Yuniol Ramírez con el de los actos de corrupción administrativa registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas, por solicitud del Ministerio Público.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión. “Como todos pudimos observar el proceso de Argenis Contreras y los demás imputados del caso OMSA fue fusionado a solicitud del Ministerio Público, toda vez que se trata de un mismo proceso”, resaltó.
En respuestas a preguntas de la prensa luego de que el tribunal emitiera el fallo, Ortiz señaló que el proceso se presentó en una misma acusación, y que son las mismas partes, los mismos testigos y las mismas víctimas.
“¿Qué ocurrió en este caso? Que con la fuga de Argenis se dividieron los procesos, pero una vez Argenis es capturado y de vuelta a la República Dominicana, pues pudo el Ministerio Público conseguir que se dictara auto de apertura a juicio; enviado al mismo tribunal, pues lo que correspondía legalmente era la fusión del proceso, que es lo que ha sucedido en la tarde de hoy”, subrayó la fiscal y docente de derecho.
Tras ser cuestionada de nuevo sobre el desistimiento de la familia de Ramírez al proceso, contestó “formalmente no tenemos ninguna constancia de que los familiares de Ramírez, en su condición de querellantes, hayan desistido, porque no han depositado nada ante el tribunal, por eso solicitamos al tribunal citar a todas las víctimas en su condición de víctimas para que en una próxima audiencia estén presentes y puedan expresar si realmente han desistido de su condición como querellantes”.
Sin embargo, la fiscal de la Pepca recordó que eso no afecta las pretensiones del Ministerio Público, tras recordar que se trata de un caso de acción pública que dijo puede perfectamente continuar sin la presencia de las víctimas.
El Ministerio Público acusa por el crimen a Argenis Contreras, quien es señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como a José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
En tanto que por los hechos de corrupción en la OMSA enfrentan cargos el exdirector de esa institución Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
El crimen ocurrido en octubre de 2017 está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.
Luego del hecho Argenis Contreras huyó del país hacia los Estados Unidos, donde fue capturado y tres años después y tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró el pasado año que fuera entregado al país.
Además de Mirna Ortiz, durante la audiencia donde se dio a conocer la decisión del tribunal de fusionar los procesos, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Wagner Cubilete y Elvira Rodríguez.
Las juezas Claribel Nivar, presidenta; Isabel Angélica Reyes Muñoz y Clara Sobeida Castillo Castillo dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo 31 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, porque una de las imputadas no disponía de abogado defensor.
El 11 de enero pasado el tribunal decidió aplazar la audiencia hasta este jueves para dar el fallo sobre la unificación de los casos que hizo el órgano acusador.
