El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, sometió una formal recusación contra los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Luisa Liranzo y Juan Medina, entre otros, a quienes acusan de violar la Ley 133-11.
En una nota de prensa con el sello de los juristas Gustavo Biaggi, Carlos Balcácer y Francisco Franco denunciaron que estos debieron inhabilitarse desde el inicio del proceso legal por los vínculos laborales que existían y la incapacidad para llevar el caso de manera objetiva, tal y como lo indica la ley.
Según la defensa, la Ley 133-11 establece un claro referente sobre las inhabilitaciones y requerimientos de objetividad plena del Ministerio Público, principio que debe orientar cada actuación y paso de este, ejercicio que desde el inicio ha estado en franca violación al citado art. 80 de la Ley 133-11, que los inhabilita por su relación laboral con el investigado, violando la ley y dando como resultado la privación de libertad de nuestro cliente.
“De forma especifica y sin espacio a dudas la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 establece en su artículo 80, que ningún miembro de Ministerio Público podrá dirigir investigaciones ni ejercer la acción pública si los involucrados en el caso tienen relación laboral con el miembro del Ministerio Público; si es parte o interés en la investigación o proceso en el que participa o si tiene enemistad capital con algunos de los interesados al momento del hecho”, explicó la defensa.
De acuerdo con la defensa, esta disposición es aplicable también a cualquier auxiliar del Ministerio Público que colabore en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal.
En ese sentido, el Consejo de Defensa sometió el acto de recusación solicitando a la procuradora Miriam Germán Brito que dichos miembros del Ministerio Público sean apartados con efecto inmediato de la investigación, y que en consecuencia sean designados otros procuradores Generales y fiscales que no hayan tenido relación laboral con el exprocurador o designar abogados especiales, conforme a lo que establece el Art. 47 en su acápite 17, para la continuación de las investigaciones, específicamente para estos casos, con miras a garantizar la transparencia, el ejercicio del debido proceso y derecho y justicia.
Asimismo, la defensa señala que de todos los casos de investigación penal, esta situación solo se presenta con el caso del exprocurador y demás investigados de este caso por tratarse de la misma institución la que persigue supuestos hechos en donde trabajaron juntos, investigador e investigado, por la relación laboral que sostuvieron, teniendo la Ley el objetivo de que un relacionado con el investigado ni lo perjudique, ni lo beneficie por dicha relación en un proceso de investigación, quedando automáticamente inhabilitado por el riesgo y falta de objetividad que genera una relación laboral de este tipo.
Los juristas añaden que esta solicitud ha sido formulada de manera directa a Germán Brito, quien aunque esté inhibida del caso no está inhibida de su función como procuradora General ni como superior jerárquica, ni de sus funciones administrativas y disciplinarias, y debe acogerlo conforme lo establece la ley.
La defensa explica que en la misma forma que la procuradora correctamente decidió inhibirse, reiterando que los fiscales o abogados que sean designados no deben haber externado animadversión trabajado ni desarrollado conflictos de manera directa con Jean Alain Rodríguez y los demás investigados para evitar que la Ley, de nuevo, sea violada.
Código Procesal Penal
De igual manera, indicaron que la Ley y el Código Procesal Penal prohíbe desde este momento a los miembros del Ministerio Público recusados e inhabilitados participar en la investigación de manera directa o indirecta en cualquier forma, en los interrogatorios, y en las audiencias, hasta tanto la Procuradora General decida sobre la recusación e inhabilitación.
“Las lamentables acciones cometidas por los citados funcionarios son sancionadas administrativa y penalmente. La misma Ley 133-11 establece en sus artículos 91-1 y 92-14 que incumplir con las incompatibilidades legales da lugar a la destitución conforme lo contempla el artículo 86 de la citada ley, sin desmérito de los tipos penales aplicables. Ocultar pruebas y negar la entrega de más de 100 documentos es un acto arbitrario, ilegal y abusivo, que solo se ve en una despiadada venganza sin límites”, dijo el consejo de defensa.
Según los juristas, pese a que todos los textos normativos en comento evidencian quienes son los que realmente están cometiendo faltas graves y delitos, mantienen privado de libertad a su cliente por construcciones sin ser ingeniero.
Asimismo, afirman que la procuradora pagó más de 220 millones de pesos no contemplados a esos mismos contratistas para correctamente poner en operación esas cárceles y acusan al exprocurador por actos que realizaron de forma idéntica ambos procuradores actuantes. “Estas personas deberían orientar el accionar del Ministerio Público de forma institucional y no personal cuyo expreso fin debe ser preservar los derechos de las víctimas, pero para lograr promover un sometimiento penal, los miembros del Ministerio Público recusados han incurrido en faltas graves e incluso en tipos penales”.
En el documento de prensa, la defensa recordó que la relación laboral directa y de primer orden con Jean Alain Rodríguez, siendo sus compañeros de trabajo directo por cuatro años. “Más grave aún, y esta es otra prohibición adicional de la ley, estos investigadores son partes interesadas del proceso quedando también adicional y automáticamente inhabilitados, siendo además usuarios y, en otros casos, hasta testigos del presente proceso de investigación que ellos mismos siguen”.
“La recusación de los miembros del Ministerio Público se rige también por lo contenido en el Código Procesal Penal como razones evidentes para la inhabilitación. Es de todos conocidos la enemistad y resentimiento que poseen muchos de estos contra el ex Procurador y esta sola realidad debió ser suficiente motivo para que ellos se inhabilitaran en el caso. Aquí se presentan tres razones y evidencias distintas, independientes y aplicables cada una con pruebas suficientes de que han violado la ley y que deben retirarse del proceso.
“Se lo solicitamos con humildad y decencia reiteradamente a varios de ellos desde el inicio y antes de actuar, pero la obsesión y deseo de venganza con tantas mentiras, sin pruebas y ocultando documentos fue mayor que la intención de cumplir la ley, aún tuvieran que cometer faltas graves y delitos. Les hemos dado más que el tiempo necesario para que lo hagan de forma voluntaria como correctamente lo hizo la Procuradora Miriam Germán Brito, pero ante la inacción y ocultamiento de pruebas a descargo estamos obligados a reclamar lo que dice la ley”, expresó Gustavo Biaggi.
la defensa afirma que la inhabilitación procura que el Ministerio Público encargado sea lo más objetivo en el proceso investigativo y que no existan vínculos previos que perjudiquen, ni beneficien tampoco al investigado, cosa que no aplica en esta ocasión y que les está prohibido. “Yeni Berenice sostuvo una relación laboral directa, estrecha y fluida como Fiscal del Distrito Nacional y luego como Procuradora de Corte y ya esto por si solo la inhabilita a investigar y perseguir a Jean Alain Rodríguez, conforme lo establece el artículo 80, acápite 8 de la citada ley”.
“También formó parte y es persona con interés directo en la investigación pues encabezó una gestión, de la cual tenemos evidencias, y en la que ella misma hizo uso de los mismos fondos que la PEPCA alega se usaron de forma irregular, lo cual es extensivo a Wilson Camacho, Luisa Liranzo, Mirna Ortiz y Juan Medina, quienes, además de la relación laboral directa, que les prohíbe investigarlo, en el desempeño de sus funciones ejecutaron parte del erario que sostienen y alegan está siendo investigado”, sostuvo Carlos Balcácer.
“De los 160 millones de pesos que fueron adquiridos en equipos tecnológicos (ver numeral 95, pág. 66 de la Medida de Coerción) que se alega que en su totalidad “no fueron apropiadamente ejecutados” y lo consideran un acto criminal, estos fueron en parte directamente utilizados y ejecutados por la Licda. Reynoso en su función de Fiscal del Distrito Nacional, alrededor de 2.5 millones, y no hablamos de que fueron provistos esos equipos y servicios calificados como fraude por la Procuraduría General de la República sino que estos fondos fueron directamente transferidos, administrados y gastados por ella, equipos que fueron, según el mismo Ministerio Público “adquiridos sin los debidos procedimientos estatales” por la propia Lic. Berenice Reynoso”, puntualizaron.
Relación laboral
Sostienen que es de público conocimiento que todos los recusados sostuvieron una relación laboral y presentaron diferencias y conflictos laborales que de una forma u otra trascendieron lo meramente institucional hasta alcanzar lo personal. Proseguir estos en la investigación llevaría por tanto igualmente a la comisión de faltas graves. A pesar de que el único propósito nuestro es que se realice una investigación objetiva, sin mentiras, manipulaciones ni abusos por temas personales.
“Hay evidencia pública de la relación laboral, además de los ataques, alusiones y señalamientos de carácter personal contra el ex Procurador por escrito, en chats privados, verbales y hasta en los medios de comunicación, que comprueban el odio descrito y la persecución obsesionada contra su cliente que sirven de sustento para la recusación conforme lo establece el acápite 7 del Art. 80 de la citada ley”, apuntó Francisco Franco.
Según los miembros de la defensa la magistrada Berenice, sin poder esconder su odio, se ha deferido despectivamente al exprocurador llamándolo en público “narcisista” y con su furia presiona los jueces. Nunca fue a una sola audiencia del caso Odebrecht aún fuera el más grande y ya no asiste a casi ninguna de las demás audiencias de corrupción, salvo en el caso del ex Procurador por tratarse de un asunto personal.
Explicaron que es cierto que el exprocurador promovió y apoyó como 1 de 5 miembros del Consejo Superior del Ministerio Público que los fiscales con más de 8 años ya vencidos fueran renovados y que esto generó su cese en funciones, creando una animadversión contra él, pero eso no es razón para poner en prisión a un ciudadano inocente que siempre la trató con respeto y consideración al grado que le mantuvo sus 18 seguridad y los incentivos económicos como fiscal titular siempre, aún sin serlo.
“Los procuradores Yeni Berenice y Wilson Camacho han mantenido una animadversión subjetiva y contraria a la objetividad. Entre tantas violaciones, han ocultado pruebas, han falseado documentos, mentido, han atribuido acciones de la actual gestión al ex Procurador, se niegan a entregarle las pruebas a descargo, le incautan bienes adquiridos antes de ser servidor público, le han colocado impedimento de salida ilegal, sin orden de un juez, y hasta le han impedido, en varias ocasiones que el ex Procurador ejerza su sagrado derecho a declarar y a ejercer su defensa material, hechos que demuestran el odio y resentimiento, una falta grave a la objetividad y a la ley”, sostuvo Franco.
