SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) entiende que el contexto político, social y económico de la República Dominicana demanda que todos, en especial las autoridades, nos enfoquemos en afrontar los males derivados de la crisis pandémica, agravados ahora por la guerra entre Rusia y Ucrania, cuyas implicaciones impactan ya a todo el planeta y las condiciones de vida del pueblo dominicano.
Además de los problemas propios de esta coyuntura tan especial que vive el mundo, tenemos por delante el desafío de la inflación, que alcanza cifras récords en la actual administración, cuya incapacidad e impericia para abordarlo provocan un deterioro sostenido de las condiciones de vida de la gente.
El progresivo aumento de los índices de criminalidad como consecuencia de los erráticos pasos del gobierno en materia de seguridad ciudadana es otro de los retos en los que debemos concentrar todos los esfuerzos para evitar el colapso de la República.
La urgencia y gravedad de estos problemas nos llevan a expresar que no están dadas las condiciones para que nos embarquemos en una reforma constitucional que, además de innecesaria, nos distrae de la tarea realmente importante: superar la crisis y reencauzar a la República Dominicana por el camino del bienestar y la prosperidad.
Propuesta extemporánea y plagada de planteamientos difusos
Tras analizar con profundidad la propuesta de reforma presentada por el sector oficial, concluimos que la misma, además de extemporánea e insustancial, está plagada de planteamientos tan difusos que nos hacen sospechar acerca de las verdaderas intenciones del oficialismo al procurar la modificación constitucional
Más allá de las posturas de fondo que tiene el PRD sobre su factibilidad o pertinencia, es muy claro que cada una de las propuestas oficialistas podría ser abordada a través de modificaciones legislativas.
En tal virtud, el PRD manifiesta su rechazo firme y absoluto a la reforma constitucional planteada por el sector oficial en toda su extensión y contenido, en este momento.
Algunas líneas generales consideradas para rechazar tal reforma
En el amplio documento depositado ante el Consejo Económico y Social (CES), el PRD observó algunas de las líneas generales contenidas en la propuesta de reforma constitucional del sector oficial, en el marco de la Mesa Técnica sobre Transparencia e Institucionalidad del Diálogo Nacional.
Éstas son las siguientes:
Ministerio Público: Ninguna de las propuestas contenidas en el anteproyecto de reforma constitucional en torno al Ministerio Público justifica modificar la Constitución.
Ya la Constitución, en su artículo 170, contempla expresamente la independencia y neutralidad política del Ministerio Público. Éstas se garantizan a través de medidas legislativas que refuercen los controles administrativos, jurisdiccionales y políticos.
En el mismo orden, cambiar la denominación del procurador general de la República -PGR- y sus adjuntos por Fiscal General de la República, además de ser una propuesta insustancial, debido a que la nomenclatura de ese órgano no incide en el ejercicio de sus funciones, tampoco justifica una reforma constitucional.
El ejercicio de la autonomía del Ministerio Público puede fortalecerse mediante una reforma a la ley en la cual se refuerce su control administrativo, jurisdiccional y político.
Altas Cortes: el requerimiento de no militancia política para aspirar a una Alta Corte no es una condición de elegibilidad, sino más bien, una formalidad jurídica que podría perfectamente establecerse en una reforma a las leyes orgánicas de cada una de ellas.
Por tanto, no se justifica embarcarse en una reforma constitucional para esos fines.
En cuanto a la propuesta de rotar la presidencia de las Altas Cortes cada tres años, una medida como esa podría convertir en ingobernables a estas entidades. Tal rotación incentiva el lobbismo y tendría en un constante proselitismo a sus miembros, afectando sensiblemente el ejercicio de sus funciones. Además, la rotación en la presidencia de las Altas Cortes puede ser dispuesta mediante una modificación de sus respectivas leyes orgánicas.
Contraloría General de la República: llama la atención un hecho alarmante que el PRD espera sea aclarado por el sector oficial: la propuesta de reforma constitucional duplica las funciones de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
El anteproyecto propone una copia literal de las atribuciones de la Cámara de Cuentas, dispuestas en el artículo 250 de la Constitución, para colocarlas como atribuciones de la Contraloría.
Sospechamos que, a menos de que se trate de un error, el sector oficial tiene la intención manifiesta de desarticular en la práctica a la Cámara de Cuentas, otorgando sus atribuciones a la Contraloría General de la República.
Ahora bien, si el objeto de intervenir jurídicamente es reforzar los alcances de las atribuciones de Contraloría, esto puede lograrse perfectamente a través de una reforma a la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.
Como podemos apreciar, las reformas propuestas por el sector oficial no justifican que iniciemos un proceso de modificación a la Ley Sustantiva.
Es en tal virtud que el PRD ha decidido retirarse de la mesa del diálogo en lo relativo a este tema.
En cuanto a los demás temas de esta y otras mesas técnicas que componen el diálogo que se escenifica en el CES, el PRD continuará participando y apoyando todas las iniciativas que vayan en beneficio del pueblo dominicano.
