Los integrantes del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco dicen que demostraron ante el tribunal que la solicitud de prórroga del Ministerio Público es una farsa basada en mentiras, argumentando desde hace meses que tienen un expediente “blindado” y que hay que investigar mucho, violentando la presunción de inocencia y generar una percepción negativa ante la opinión pública.
Según una comunicado de prensa, los abogados demostraron que el Ministerio Público ocultó la orden de auditoría de la Cámara de Cuentas ya que tenían la misma, desde el 1ero. de junio del 2021 y no es hasta el 22 de diciembre casi 7 meses después, que la procesan, resultando evidente el ocultamiento y obstaculización de documentos para justificar una prisión ilegal.
Afirman que el suministro de alimentos es una nueva línea de investigación pero en la Medida de Coerción, pág. 120 numeral 37 ya existe evidencia aportada por el mismo Ministerio Público de un interrogatorio realizado a Rainiery Medina Sánchez al respecto e incluido dentro de la petición para el encarcelamiento del ex procurador. De igual manera, en marzo del 2021, tres meses antes del apresamiento, la PEPCA había solicitado información a la Junta Central Electoral (JCE) y ONAPI y posteriormente en agosto a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en búsqueda de información relacionada, lo que evidencia que no es una nueva línea de investigación, habiendo colaborado el PEPCA en la elaboración de reportajes en medios de comunicación abordando este tema.
Los juristas, sostienen que durante la audiencia demostraron que la actual gestión paga 500 millones adicionales para la alimentación a una población de 27,000 internos. Enfatizaron que no solo son las mismas empresas cuestionadas, sino otras registradas bajo otras áreas como el suministro de servicios de construcción o fabricación cosméticos, que han sido validadas y son actuales proveedores de alimentación a través de los Comedores Económicos, muchas de estas sin poseer la competencia requerida para hacerlo.
Señalan que, 72 equipos que fueron incautados en los allanamientos el pasado 29 de junio del 2021 debían ser enviados al INACIF para el debido peritaje y extracción de datos, pero deciden enviarlos apenas el pasado mes de noviembre cinco meses después de tenerlos en su poder. De igual manera, los equipos de la PEPCA con los que supuestamente se utilizaron para borrar decenas de archivos y muy a pesar de existir la orden judicial 0002-2021 para su revisión, fueron entregados en enero del 2022. Duraron más de un año y medio para enviar la solicitud a un grupo de peritos para que rindan un informe.
Sostienen que la mayoría de las solicitudes realizadas por el PEPCA para requerir documentos son de carácter interno, a departamentos dentro de la propia Procuraduría General, pues ellos poseen toda la documentación requerida de acuerdo a las imputaciones expuestas en la Medida de Coerción.
La respuesta de incorporación de la querella del Estado se realizó con una diferencia de tres horas frente a la solicitud de prórroga, mientras que tienen meses sin responder las más de 102 solicitudes realizadas por el Consejo de Defensa. Manifestaron que a pesar de ser llamados un “Ministerio Público Independiente” corren con diligencia a responder al Estado en horas, cuando tienen meses en silencio ante nuestras solicitudes.
El abogado Balcárce dijo que la PEPCA mintió al país informando que tenían un “expediente blindado” presentando la construcción, impermeabilizantes e inodoros y resulta que la Procuradora General Miriam Germán Brito aprobó todos los contratos del ex Procurador Jean Alain Rodríguez y les pagó más de 220 millones adicionales.
“Tienen un año y medio investigando que incluye 8 meses formales que ya han vencido, nos niegan y ocultan todos los documentos y pruebas que pedimos, para ahora solicitar al tribunal una prórroga de 4 meses porque el expediente blindado ya no está tan blindado. Los documentos de la Procuraduría General demoran hasta una semana en mensajería interna para llegar a la PEPCA, estando a apenas 20 metros de distancia”, expresó.
Los miembros del Consejo de Defensa reiteraron que Jean Alain Rodríguez ha insistido en numerables ocasiones la necesidad de que las audiencias sean públicas y abiertas a la opinión pública para que puedan estar informados y vean el acontecer del proceso dentro de la sala de audiencia, para que puedan verificar que no es justicia lo que se está llevando a cabo, sino venganza.
Ahora reposa sobre la jueza reparar el daño causado, siendo esta obligada a dar libertad si se otorga la prórroga como lo establece el Código Procesal Penal.
