El Ministerio Público reveló que funcionarios de diversas e importantes instituciones bajo la dirección directa o indirecta del Poder Ejecutivo acataron los beneficios de los intereses particulares de los implicados en los casos Coral y Cora 5G.
Esto se desprende del expediente de acusación formal, solicitud de fusión de procesos y apertura de juicio realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa contra los implicados en los casos Coral y Coral 5G.
La Pepca sustenta que este entramado criminal aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves, y que las autoridades precisarán en el detalle de la presente acusación.
Aunque no menciona su nombre, el primer ejecutivo del país lo era el entonces presidente Danilo Medina y los acusados eran sus jefes de escoltas, hermanos suyos y funcionarios de su cercanía.
“Las evidencias recabadas en el presente proceso prueban que diferentes funcionarios de diversas e importantes instituciones del Estado, que están bajo la dirección directa e indirecta del Poder Ejecutivo, no se sometieron al ordenamiento jurídico y no actuaron en beneficio del interés general, sino de un interés particular doloso”,indica el expediente.
La lista de los vinculados y las empresas con los expedientes fusionados suman 48 y está encabezado por:
Adán Benoni Cáceres Silvestre (con el seudónimo ABC), Juan Carlos Torres Robiou (D1), Julio Camilo de los Santos Viola, Rafael Núñez de Aza (DNA). Raúl Alejandro Girón Jiménez. Boanerges Reyes Batista (BRB y/o BR), Franklin Antonio Mata Flores (MT y/o Mata Flores) Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante) Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (RRHH), Miguel Ventura Pichardo FARD (CT-2) y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora).
También Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana Martínez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, (FARD y/o JR), Esmeralda Ortega Polanco (550), Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucia de los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, y Elida María Trinidad Santiago.
También Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Erick Daniel Pereira Núñez, Santiago Antonio Suárez Peguero, Guillermo de Jesús Torres Robiou.
Las empresas: Único Real State e Inversiones, S.R.L, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, S.R.L, Randa Internacional Company, E.I.R.L, Aldom Glass Alumimium, S.R.L, RG & S Soluciones Financieras, S.S.A, Corporation, S.R.L, Distribuidora KF, S.R.L, Distribuidora TAFL, S.R.L, S.O.S Carretera, Optumus, E.I.R.L, Meljo Comercial E.I.R.L, Hacienda Kelman, S.R.L, Agroindustrial, S.R.L, Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve A.S.F.L y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, A.S.F.L.
MODUS OPERANDI. Las autoridades detallan que organización criminal estaba constituida por un entramado militar y policial, con conductas simuladas de religiosas y una amplia actividad societaria. Esta estructura criminal creó un entamado societario compuesto por las empresas antes señaladas.
“Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribución de raciones alimenticias y viáticos, valores que fueron desviados y utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, estafando al Estado Dominicano”, indica.
Conforme al Ministerio Pública, distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización. Además, crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado. e. Adulteraron expedientes de compras, pagos y auditorias, a través del uso de sellos gomígrafos y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el manejo de los fondos públicos ante la Contraloría General de la República. f. Elaboraban informes de gatos, llamados por el entramado “cuadres” en los que se evidencian el uso personal de los fondos públicos y la repartición entre los miembros del entramado; dicho informe era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído. g. Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores para poder adjudicarles procesos de compras, como era en el tema de combustible o en la compra de vehículos.
“Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos”, indicó.
