Por Marcos Contreras. –
El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, sometió hoy una resolución convocando al director General de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, ante el Pleno de la Cámara Alta para que argumente las razones de la paralización de las obras en el sistema penitenciario.
Al dar lectura al documento el representante de la provincia Elías Piña hizo referencia a una de las empresas propiedad del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, la cual participó en la construcción de la Nueva Victoria.
“Que, de acuerdo a los medios de comunicación, la cárcel de la Nueva Victoria que se presentó lista en su primera fase, ha representado un gasto de siete mil millones de pesos, no obstante, a que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, cuya empresa MAC fue quien hizo la construcción, dijo que las responsabilidades de su contrato se cumplieron en un 98%”, cita la comunicación.
Lorenzo resaltó que la población requiere explicaciones sobre el estado de las obras y los niveles de cumplimiento de los contratos para el equipamiento de los recintos pendientes de operar en los recintos de la Nueva Victoria, San Juan, los CCR Elías Piña, San Pedro de Macorís, Haras Nacionales, CAIPACPL Barahona (menores) entre otras.
Deploró que dichos planteles sufren deterioro por falta de uso e incluso uno de las áreas de la Nueva Victoria se utiliza como aparcadero del canódromo de Santo Domingo.
Tras dar lectura a la resolución, Lorenzo resaltó que la convocatoria se le hace al director de Prisiones, porque constitucionalmente es la figura responsable, pero afirmó tener la certeza de que Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), maneja lo referente al sistema penitenciario.
El asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, reveló que el jefe de Seguridad de la penitenciaría La Victoria recibe unos siete millones de pesos semanales producto del entramado de corrupción que existe en ese pena.
Santana denunció que el supuesto dinero proviene del tráfico con droga y del pago de “peajes” de los dueños de colmados y las familias de los presos que hacen filas los días de visita al penal.
Responsabilizó al Gobierno y la PGR de que la Nueva Victoria aún no esté funcionando.
